El Senado español rechazó ayer, con los votos del partido en el Gobierno (PP), las siete propuestas de veto y las enmiendas formuladas por los grupos de la oposición a la reforma de la Justicia Universal.
La reforma de la Justicia Universal fue aprobada el pasado 27 de febrero por el Congreso. Con ella, los jueces solo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa sea contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o bien cuya extradición al país hubiera sido denegada.
La oposición defendió su veto al planteamiento del Gobierno, como ya lo hizo en el Congreso. Rechaza la reforma por entender que elimina la aplicación del principio de justicia universal en España y plantea su intención de recurrir la norma al Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
El senador del PP Manuel Altava dijo que su grupo rechazó los vetos por considerar que la reforma “armoniza la legislación española a la europea y mundial en esta materia”. En este sentido aseguró que la aplicación de la Justicia Universal en España resultó “totalmente inoperante”, ya que hasta el momento “solamente han podido ser condenados personas de la dictadura argentina” porque se presentaron voluntariamente.
Por ello, aludió a la Corte Penal Internacional como el tribunal “adecuado” para juzgar los delitos referentes a la jurisdicción universal, tales como genocidio y crímenes de lesa humanidad, “máxime cuando la iniciativa amplía la posibilidad a otros 14 nuevos tipos delictivos”.
El portavoz en Justicia del primer partido en la oposición (PSOE), Arcadio Díaz Tejera, calificó la reforma como un “inmenso agujero negro que abre la puerta a la impunidad criminal y anula la jurisdicción universal”.
