La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió ayer a Egipto que derogue o enmiende la nueva ley que regula las manifestaciones, ya que “podría dar lugar a graves violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Según Pillay, la ley da amplias facultades a las autoridades de seguridad para disolver ese tipo de reuniones y en el artículo 7 prohíbe “conductas que puedan constituir una amenaza para la seguridad y el orden público, perturbar los intereses de los ciudadanos u obstruir la justicia”.
A su juicio, la ley no define claramente esos términos, pese a que el derecho internacional así lo exige.
Además, la norma establece una lista de medidas de uso de la fuerza a las que las autoridades pueden recurrir para dispersar a los manifestantes, como el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, granadas de humo, disparos de advertencia o balas de goma.
Por ello, Pillay reclamó que la ley debe dejar “absolutamente claro” que, de conformidad con las normas internacionales, “el uso de armas letales solo se podrá hacer cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
