El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, mantiene una demanda por la violación a sus derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó ayer el diario El Deber basado en un informe de la Procuraduría General del Estado.
Según el reporte, el proceso planteado en 2001 está en la fase de acuerdo de solución amistosa y busca “la reparación de daños” a favor de 12 personas, ocho de ellas funcionarios del actual Gobierno boliviano.
Según la querella, los demandantes, todos exmiembros del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), reclaman por la violación de sus derechos a la integridad física y psíquica, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada y protección judicial.
García Linera, junto con varios intelectuales y dirigentes campesinos aymaras, formó parte del EGTK, una agrupación irregular que en la década de 1990 buscaba la toma del poder a través de la violencia.
Una vez que la policía desarticuló al EGTK en 1993, el Estado boliviano demandó a sus miembros por delitos vinculados con el terrorismo y estos, a su vez, denunciaron torturas.
El juicio se demoró y prescribió sin que los militantes del grupo hayan sido declarados culpables o inocentes.
