La ley de amnistía que beneficia a más de 230 manifestantes detenidos en las protestas populares en Ucrania entró ayer en vigor con su publicación en la página web de la Fiscalía General.
La entrada en vigencia de la amnistía se produjo después de que el pasado domingo la oposición ucraniana desalojara el Ayuntamiento de Kiev, tras dos meses y medio de ocupación.
Los opositores desalojaron asimismo las delegaciones del Gobierno central en Poltava (en el centro del país), y también en las regiones de Ivano-Fránkovsk, Lvov y Ternópol, todas en el oeste de Ucrania, bastión de la oposición nacionalista.
Igualmente, se inició el desbloqueo para el tráfico rodado de la calle Grushevski en Kiev –escenario de violentos disturbios a mediados del pasado mes de enero–, última exigencia de las autoridades para dar el carpetazo a todos los casos abiertos contra cientos de opositores.
Pero los manifestantes no tienen intención de despejar totalmente la calle, sino únicamente permitir que los coches puedan circular por esta, en estricta aplicación de una de las condiciones de la ley de amnistía, que exige desbloquear todas las vías públicas para el tráfico con la excepción de la plaza de la Independencia.
“Esta ley debe beneficiar a todos los que han participado en las protestas. Todos deben saber que están protegidos, que nadie los va a perseguir judicialmente”, declaró el líder del partido opositor Batkivshina (Patria), Arseni Yatseniuk, tras reunirse con el fiscal general de Ucrania, Víktor Pshonka.
Según Yatseniuk, en esa reunión, en la que también participaron otros dirigentes opositores, se acordó la creación de una comisión humanitaria para hacer un seguimiento de la aplicación de la amnistía.
La Fiscalía indicó que para el cierre de todos los casos penales y administrativos se necesitará como mucho un mes, aunque la mayoría serán archivados en un plazo de dos semanas.
