La Justicia argentina absolvió ayer al expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y a otros siete acusados de haber pagado sobornos a senadores para la aprobación en 2000 de una polémica reforma laboral, informaron fuentes judiciales.
Para De la Rúa, que abandonó el poder en diciembre de 2011 en medio de una grave crisis económica y social, la sentencia pone “en claro la verdad”, mientras que para el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, que denunció los sobornos, es “vergonzosa”.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de seis años de prisión para De la Rúa, imputado como supuesto coautor del delito de cohecho activo agravado, mientras que la Oficina Anticorrupción, como parte querellante en la causa, había pedido seis años y medio.
En declaraciones a los medios a la salida de los tribunales, el expresidente señaló que el juicio, por el que han pasado 300 testigos en casi dos años, “demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción” para su gobierno.
“Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que de hecho no existió. Fue el punto de partida de un complot político. La absolución reivindica mi dignidad y la de mi gobierno”, añadió De la Rúa.
Según el Centro de Información Judicial (CIJ), la sentencia absuelve también al resto de los imputados en la causa, para los que la Fiscalía había pedido el mismo número de años de condena. Se trata de quien fuera director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto) Fernando de Santibáñez, y los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino y Remo Constanzo.
También resultaron absueltos el exsenador del Partido Justicialista (PJ) Ricardo Branda, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, un “arrepentido” que confesó haber llevado él mismo una maleta con el dinero para el pago de sobornos.
En noviembre de 2007 Pontaquarto confirmó en un careo judicial con De la Rúa que el hoy exgobernante dio el visto bueno al pago de sobornos por 4.3 millones de dólares a senadores para que se aprobara la reforma laboral, fuertemente rechazadapor los sindicatos.
En declaraciones a una televisión local, el exsecretario parlamentario aseguró que después de este veredicto “nadie va a querer denunciar un hecho de corrupción”.
“Yo soy parte de la verdad de lo que ocurrió. Conté la historia durante 10 años. La justicia tenía una oportunidad de dictar un fallo histórico y dispuso esto. Me queda una sensación de angustia y tristeza”, dijo.
El proceso oral, que se inició el 14 de agosto de 2012, es el segundo juicio contra un exmandatario democrático argentino desde la última dictadura.
