La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) señaló ayer que teniendo en cuenta la “grave afectación” que produjo el cierre de actividades económicas durante más de seis meses y cuando existen dudas sobre la eventual extensión de las restricciones vigentes, “la población se mantiene a la espera de las medidas de solidaridad por parte del sector público para con los trabajadores suspendidos y aquellos que han perdido sus empleos”. El gremio señaló en su comunicado semanal que se ha planteado la reducción de la jornada laboral en el sector público, particularmente en las instituciones que no están directamente implicadas en la lucha contra la Covid-19. “Con esta medida de ahorro, se pudiese aumentar el apoyo solidario a las personas con contratos suspendidos”, señaló el gremio.
La Cámara valoró de manera positiva la reglamentación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, así como la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley que establece un régimen temporal de procesos de reorganización conciliada con acreedores.
En materia laboral, señaló que “intentar regular el reintegro de los empleos suspendidos, sin tomar en cuenta la capacidad de cada empresa de asumir dicha restitución, es condenar ese esfuerzo al fracaso”.
En ese sentido, y teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la eventual reapertura, abogó por la extensión del Decreto Ejecutivo 231, que permite mantener la suspensión de los contratos hasta el 31 de enero para luego iniciar una reincorporación gradual, “de manera que permita acciones para recuperar actividades como preámbulo a reactivar contratos”.
