El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está acercando a algunos de los acreedores del país en un intento por sentar las bases para un acuerdo de deuda en caso de que se flexibilicen las sanciones después de las elecciones estadounidenses del próximo mes.
Su equipo ha convocado conferencias telefónicas con bonistas locales en las últimas semanas, así como con tenedores de bonos de Colombia, Argentina y Europa, según personas con conocimiento del asunto.
Importantes inversionistas como Fidelity Investments, con sede en Boston; Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc., en Nueva York; y Pacific Investment Management Co., con sede en Newport Beach, California, no están incluidos en las conversaciones debido a las restricciones impuestas por la Administración Trump.
Las nuevas discusiones reflejan un intento por evitar una ola de demandas de acreedores que exigen el reembolso de los pagos atrasados, junto con la esperanza de que un potencial Gobierno de Joe Biden reevalúe las sanciones estadounidenses que han paralizado una reestructuración de deuda de $60 mil millones.
Casi tres años después de incumplir, Maduro comenzó a alejarse de su estilo de socialismo del siglo XXI para adoptar el capitalismo mientras el país se tambalea por la campaña de “máxima presión” de la Administración Trump. A principios de este mes, la Asamblea Constituyente —formada por los aliados de Maduro en 2017 para rivalizar con la Asamblea Nacional liderada por la oposición— aprobó la Ley Antibloqueo para abrir más industrias a la inversión privada.