Una demanda contencioso administrativa de nulidad ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la resolución 43 del 21 de junio de 2021 que aprobó la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá para renovar el contrato de Panama Ports Company (PPC) por 25 años.
Previa a la admisión de la demanda, se solicita la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo impugnado, a fin de evitar perjuicios graves y notorios, a los intereses del Estado, “pues estamos frente a un tema trascendental, en el cual, por espacio de 25 años, se regulará una relación jurídica, que no puede afectar el patrimonio y las arcas del Estado, en virtud de una cláusula de prórroga automática, la cual no opera por sí sola, sino que estaba condicionada. De ahí que apresurarnos a dar por aprobada una renovación de un contrato sin tener facultades para él, lesiona las normas jurídicas que regulan la materia en el país”.
Señala la demanda que se pretenden introducir cambios a las cláusulas del contrato ley por medio de una resolución, casi imitando lo sucedido en el año 2002, cuando se emitió la Resolución No 14 de 2002, que, de un plumazo, se llevó las cláusulas que garantizaban al Estado recibir la retribución acordada de $22.2 millones anuales y el 10% de los ingresos brutos, además de pagar los dividendos por el 10% de las acciones, por dar en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal, más una serie de áreas adyacentes.
Indica que estos cambios se harían sin someterlos a consideración de la Asamblea Nacional, mientras el Estado recibirá un pago mínimo de dividendos de $7 millones anuales, que en 25 años serían, apenas, $175 millones.
