Para aprobar concesiones portuarias, el Gobierno panameño debe apoyarse en información técnica de organismos internacionales como la Cepal que han hecho estudios de esta materia en Latinoamérica.
En esos estudios se ha llegado a la conclusión de que quienes reciben estas concesiones se convierten en verdaderos monstruos que manipulan la opinión pública y la política.
Estos estudios de Cepal también indican que los países están obligados a tener un equipo técnico permanente para analizar los estados de las concesiones para poder mejorar las condiciones para el país, cuando estas se vencen. En Panamá no hay un grupo técnico que haga este trabajo.
Cuando se renovó la concesión del puerto de CCT en Colón filial de Evergreen, no fue a una negociación y hubo muchos comentarios sobre el manejo que se le dio. Además, se debe tener claro qué tratamiento se le va a dar en los contratos a los exportadores panameños por tener la ventaja de contar con los puertos más importantes de toda Latinoamérica.
Los exportadores locales tienen un trato desfavorable, cuando el interés nacional dice que se les debe atender primero. Las nuevas concesiones de puertos que se otorguen, incluyendo a PPC, se deben enmarcar en la Ley 56 del 6 de agosto de 2008 General de Puertos donde se establecen todas la condiciones que se deben cumplir.
Solo de esta manera se superará situaciones como las del contrato ley vigente de PPC que es un adefesio.
