La mitad de los migrantes del norte de Centroamérica son de origen rural. El hambre y la inseguridad alimentaria, la carencia de oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres y hombres jóvenes, y las sequías e inundaciones asociadas al cambio climático, son factores detonantes de migración rural que se han agravado en los últimos años.
A ello se suma la caída de los precios del café, un cultivo de enorme importancia en la economía rural centroamericana, y la expansión de las economías ilegales. Estos factores se concentran y agudizan en el llamado Corredor Seco Centroamericano, donde al actuar en forma simultánea, las sequías y la falta de desarrollo constituyen una tormenta perfecta con efectos devastadores sobre los medios de vida, el bienestar y las oportunidades de millones de personas.
En el Corredor Seco desde hace décadas subsisten territorios en condiciones inaceptables de marginación social. Los habitantes de estos territorios abandonados, de repente, se hacen ver y oír, a través de fenómenos sociales como esta ola migratoria.
Tienen razón los presidentes de México, Guatemala y Honduras y el vicepresidente de El Salvador, cuando en su declaración política del pasado 1 de diciembre señalaron que había que proponerse un plan de desarrollo integral orientado a resolver las causas estructurales de la migración. La solución de fondo a la migración forzada por la desesperanza es el desarrollo; y, en el caso de la mitad de los migrantes, es el desarrollo rural.
Sabemos cómo promover ese desarrollo rural que erradique el hambre, que genere oportunidades económicas, y que incremente la resiliencia de la agricultura y de las sociedades rurales ante el cambio climatico. Las soluciones técnicas están disponibles y sabemos cuáles son las que mejor funcionan. ¿Qué hace falta? Lo primero y lo más importante es la voluntad política de los gobernantes, al máximo nivel y sostenida en el tiempo. La citada declaración política de los gobernantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México es un excelente punto de partida. La segunda condición es orientar la inversión a los más pobres. Hemos identificado los territorios rurales donde se origina una buena parte de la migración. Se trata de 220 municipios, con una población total de algo más de 6 millones de personas. Estos territorios y estas personas necesitan que se invierta en ellos, no con lógica de corto plazo para apagar el incendio, sino con una voluntad de Estado orientada a cambiar las condiciones estructurales de su existencia. La tercera condición es fortalecer la institucionalidad para el desarrollo. Hablamos de los marcos legales que den solidez en el tiempo a una agenda, que sostenga derechos exigibles y los espacios formales y permanentes para una verdadera participación social. Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre pueden jugar un rol central, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) saluda la decisión que han tomado de reunirse para actuar coordinadamente en este tema.
El cuarto pilar es la participación social efectiva. Sin ella, hay entrega de ayudas, pero con ella hay ejercicio de derechos ciudadanos. Una gran diferencia.
El autor Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe