Una denuncia penal presentó el abogado Roberto Ruíz Díaz el pasado viernes ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación en contra de los funcionarios, particulares y quienes puedan resultar responsables por la supuesta omisión de funciones relacionadas con el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC) y el Estado.
Entre las posibles omisiones que Ruíz Díaz solicita que se investiguen está la no realización en 2018 de la revisión tarifaria que deben pagar al Estado los operadores de puertos por movimiento de contenedores.
En la segunda adenda al contrato entre PPC y el Estado, firmada mediante Ley 25 del 7 de junio de 2010, aprobada en la Asamblea Nacional, se acordó que la empresa pagaría al Estado, a partir del 1 de enero de 2010, 12 dólares por movimiento de contenedor. Se dejó establecido que el período de vigencia de la tarifa por “movimiento” de 12 dólares se extendería hasta el 31 de diciembre de 2013, cuando sería revisada y ajustada cada 5 años, “en base al índice de precios al consumidor publicado por la Contraloría General de la República, pero en ningún caso el aumento excederá de 10% de la tarifa por “movimiento” del período anterior”.
Sin embargo, esta revisión no se hizo ni en 2013, durante la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y tampoco en 2018 como correspondía durante la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
Ruíz Díaz pide que se investigue si tenían atribuciones legales los funcionarios y exfuncionarios que modificaron el contrato ley en 2002 y eliminaron las cláusulas principales, donde la empresa se comprometió a pagar al Estado $22.2 millones anuales más el 10% de los ingresos brutos de la compañía.
Igualmente dijo que se debe investigar si hubo autorización para el uso de los dividendos que le correspondían al Estado como dueño del 10% de participación accionaria de la empresa, para reinvertirlos. PPC pagó el primer millón de dólares de los dividendos que le correspondían al Estado en 2015, es decir, 18 años después de tener la concesión.
Ruíz Díaz también presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad contra la resolución 43 de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que autorizó la renovación automática del contrato a PPC, pero fue rechazada por el magistrado sustanciador Carlos Vásquez Reyes. Luego, el abogado demandante presentó una apelación contra esa decisión de Vásquez Reyes, la cual fue admitida por los otros dos magistrados de la Sala Tercera -Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega- quienes aún no se han pronunciado.
