Luego de aprobar por insistencia en tercer debate el pasado lunes el proyecto de Ley 94, que modifica la Ley 56 de 2008 o Ley General de Puertos, el Ejecutivo podría optar por el veto por inconstitucional para que sea la Corte Suprema de Justicia la que dictamine una decisión.
El presidente Laurentino Cortizo vetó en mayo pasado en su conjunto el proyecto de ley 94 de 4 artículos, en el cual se establece un salario mínimo de $4.15 la hora para los trabajadores que laboran en los puertos dados en concesión por el Estado.
En el veto, enviado a la Asamblea Nacional, Cortizo señaló que el contenido del proyecto infringe las disposiciones del texto fundamental, que tutela la separación de los tres poderes del Estado.
El artículo 170 de la Constitución establece que “el proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá a segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas...’.
Tras la decisión del Ejecutivo, la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, emitió el 18 de agosto un informe en el cual recomendó al pleno tratarlo en tercer debate, para decidir únicamente sobre su insistencia, sin posibilidad de reformarlo.
Este proyecto de ley tuvo vida legislativa después de más de un año y medio de ser presentado, en parte por las restricciones aplicadas debido a la la pandemia.
El 11 de febrero de 2021, la comisión legislativa de salud discutió y aprobó el proyecto de ley en primer debate.
La iniciativa avanzó pese a las advertencias de que la Ley de Puertos no es la herramienta correcta para esta alza de salario, ya que debía hacerse a través del Código de Trabajo.
Luego, el 12 de abril de 2021 fue aprobado en tercer debate, pero inmediatamente algunos gremios del sector como la Cámara Marítima de Panamá solicitaron al Ejecutivo que vetara el proyecto porque “el texto aprobado por el pleno no refleja lo consultado y acordado por todas las partes en la Asamblea Nacional”.
El diputado Jairo Salazar, proponente junto con Zulay Rodríguez, defiende el proyecto de ley al señalar que se le hace justicia social a los trabajadores de los puertos dados en concesión, ya que no reciben una remuneración acorde con sus funciones. El salario mínimo promedio actual en los puertos es de $3.80 la hora.
Analistas del sector laboral aseguran que si esta ley se aprueba se sentaría un mal precedente porque se debilitarían las convenciones colectivas y daría pie a que cada sector acuda a la Asamblea a pedir una ley especial.
