La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate un proyecto de ley que supondría la extensión de las moratorias de los pagos de préstamos con empresas financieras y de los servicios públicos hasta el próximo 31 de diciembre.
Se trata, en concreto, del proyecto de ley 627, “que extiende la validez y vigencia en todas sus partes de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020 y de la Ley 156 de 30 de junio de 2020, en atención al estado de emergencia de la economía nacional, producto de la pandemia ocasionada por la Covid-19”.
Ambas leyes fueron aprobadas el año pasado en medio de un confinamiento generalizado de la población y con fuertes restricciones para la actividad económica, lo que provocó el cese y suspensión de miles de trabajadores.
Mediante la Ley 152 se suspendió el pago de servicios públicos, como energía eléctrica, telefonía e internet.
La Ley 156, por su parte, concedió una moratoria para el pago de los préstamos concedidos por bancos, cooperativas y financieras.
El proyecto de ley 627, presentado en febrero de 2021 por la diputada Zulay Rodríguez, estaba pendiente de primer debate desde julio, evento que sucedió ayer, una semana después de que venciera el alivio bancario, que concedía ciertas herramientas de flexibilidad para propiciar la reestructuración de préstamos de personas y empresas afectadas por la pandemia.
El debate se centró ayer en la extensión de la moratoria financiera. Los diputados defendieron la necesidad de conceder mayor alivio a los deudores, porque todavía se sienten los efectos de la pandemia en el empleo y la informalidad.
Por su parte, Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, advirtió de los efectos adversos que tendría esta propuesta para el país. Si este proyecto se llega a aprobar, algo que espera que no suceda, “le va a ocasionar un daño terrible a la incipiente recuperación económica del país”.
Berguido dijo que el efecto de una medida de este tipo es una reducción drástica de la oferta de crédito nuevo y recordó que el año pasado la disminución del crédito a la economía fue de 42%, en parte porque había vigente una moratoria.
Una iniciativa de este tipo en un momento en que las empresas se están reactivando y necesitan fondos para pagar sus operaciones, “es meterle un golpe terrible a una economía que apenas empieza a andar”, sostuvo.
El proyecto de ley tiene, además, efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2021, con lo que también podría afectar a los créditos que se están renegociando.
Berguido recordó que alrededor de un 80% de los préstamos que estuvieron en problemas se reestructuraron y se están cumpliendo, por lo que regresar a un estatus de moratoria supondría “echar para atrás todo lo andado”.
