La Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley 10, que modifica la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas. Luego de más de dos horas de debate, los diputados aprobaron a golpe de curúl el proyecto de ley, una de las promesas del presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Uno de los aspectos que centró nuevamente el debate fue la incapacidad legal para contratar con el Estado. La propuesta inhabilita a empresas y personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción tanto en Panamá como en el extranjero. En el caso de las empresas, la incapacidad legal para contratar se extenderá a un máximo de cinco años.
El diputado Luis Ernesto Carles, del partido Panameñista, mencionó su inquietud con uno de los artículos del proyecto que fue aprobado, el cual permitiría llevar a cabo contrataciones directas en corregimientos que experimenten pobreza multidimensional.
A su juicio, explicó, el concepto se debía definir dentro del glosario de la Ley para que se especifique qué corregimientos aplican para el procedimiento de contratar empresas por la vía directa.
El diputado Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, estuvo de acuerdo con Carles, resaltando que más de 300 corregimientos en el país cuentan con pobreza multidimensional, lo cual da mucho “espacio” para la contratación sin necesidad de una convocatoria pública.
“Hay que recordar una cosa que convenientemente ignoran”, dijo Vásquez, “y es que este país ya tiene decenas de casos de irregularidades e ilegalidades alrededor de la compra pública”.
