La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de $18 millones -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el país, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.
En la propuesta presentada a la fiscalía general (PGR) hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.
La SFP, el ente contralor de la administración pública, ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi $57 millones por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.
Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.
A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo a medios locales, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado “en diversas ocasiones” a darle los documentos.
En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.
Odebrecht confesó a fines de 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó $10.5 millones en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014. En un video aparecido en medios locales, un exfuncionario de Odebrecht señaló al entonces director de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.
La firma proponía que la autoridad tributaria en México no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene por $56.8 millones por deuda al erario en multas.
