El presidente Evo Morales desactivó ayer una iniciativa del Congreso, de mayoría oficialista, que proponía confiscar, en favor de los trabajadores, empresas privadas con deudas, propuesta que había desatado el reclamo de los gremios patronales.
Morales, quien entre 2006-2015 llevó adelante un proceso de nacionalización de sus recursos naturales, aclaró en un discurso que “es totalmente falso” que se quiera confiscar las empresas que tienen deudas por tres meses de salario y servicios, días después de que la Cámara de Diputados aprobó una norma en ese sentido. Aún faltaba el visto bueno del Senado.
“¿Cómo desde el Gobierno Nacional podemos plantear confiscar empresas privadas?”, se preguntó Morales.
Aunque señaló que si una empresa está en quiebra sus obreros “pueden convertir [la] en empresa comunitaria, social, siempre y cuando paguen al empresario su costo”.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, había calificado el proyecto de ley como “un despropósito”, “inaceptable” e “irracional”.
Tras la negativa pública de Morales, el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto González, anunció la anulación del proyecto.
“Por pedido de nuestro presidente hemos dejado en suspenso el tratamiento del proyecto de ley 218 que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que estaba siendo considerado en la de Senadores”, anunció González en rueda de prensa.
“No hay ninguna confiscación, eso debe quedar absolutamente claro”, explicó, por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
El episodio ocurrió una semana después de que el Gobierno acordó con empresas privadas la inversión de $146.4 millones para la creación de 45 mil empleos.
En este caso, el Estado se compromete a cubrir el 30% del salario del empleado, que consiste en el pago de los aspectos sociales, como fondos de pensiones o de seguro social.
Bolivia tiene una tasa de desempleo de 4.5% que prevé reducir con el plan a 2.7% en el corto plazo.
