La justicia consideró ayer innecesario forzar al primer ministro británico, Boris Johnson, a acatar una ley que lo obliga a pedir otro aplazamiento del brexit a falta de un acuerdo con la Unión Europea (UE), que sigue pidiendo a Londres que modifique sus propuestas.
Desde hace semanas crece la especulación de que Johnson tratará de encontrar una brecha legal para no pedir el aplazamiento del brexit o incluso pediría a algún país de la UE que lo vete.
Rechazo al acuerdo negociado por May
En ese contexto, un empresario, una diputada y un abogado proeuropeos pidieron a un tribunal de Edimburgo (Escocia) que obligase al líder conservador a hacerlo. El tribunal consideró, sin embargo, que el gobierno dio “garantías inequívocas” de que acataría la ley y desestimó la demanda.
“No estoy convencido de que sea necesario que el tribunal conceda las órdenes solicitadas o cualquier variante de ellas”, dijo el juez.
Pero advirtió que si Johnson elude de algún modo aplicar lo estipulado resultaría “destructivo” para la “confianza mutua” entre los tribunales y los políticos.
El gobierno de Johnson ha asegurado en repetidas ocasiones que respetará la legislación y volvió a hacerlo el pasado viernes en un documento presentado al tribunal de Edimburgo.
Sin embargo, esta afirmación entra en abierta contradicción con el discurso oficial de Johnson, quien asegura a los cuatro vientos que el Reino Unido abandonará la UE a final de mes, “pase lo que pase”, y no ha explicado cómo piensa hacerlo.
“Acataremos la ley y saldremos de la UE el 31 de octubre. La manera en que se logre legalmente es asunto del gobierno”, subrayó ayer el portavoz de Downing Street.
Johnson, que llegó al poder a finales de julio, quiere modificar el punto más conflictivo del texto: cómo mantener abierta la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda –miembro de la UE– para no amenazar el frágil acuerdo de paz que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto.