Tras un frenazo de cinco años al apoyo de las energías renovables, España prepara una licitación de nuevos proyectos, aunque las empresas aún denuncian la incertidumbre legal que frena las inversiones pese a la abundancia de sol y viento.
A finales de diciembre, el Gobierno español anunció planes para dar apoyo financiero a la instalación de 3 mil megavatios (MW), a través de todo tipo de energías renovables (eólica, solar, biomasa). Es una buena noticia para el sector. Hay interés, hay igual una participación probablemente alta de empresas, prevé José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, que congrega a 250 empresas.
El llamado a licitación no será mayor que los realizados en otros países de Europa. Pero el anuncio ha sido un acontecimiento en España tras años de parálisis.
El país fue uno de los pioneros en las energías verdes. Pero el rápido desarrollo en la década de 2000, subvencionado por el gobierno socialista, se vio frenado en seco por la crisis de 2008, y luego por la moratoria a las ayudas decretada en 2012 tras la llegada al poder de los conservadores.
Para seguir creciendo, las empresas concentraron su atención más allá de las fronteras españolas, a menudo con éxito.
España se convirtió, por ejemplo, en tercer exportador mundial de turbinas eólicas, gracias sobre todo al fabricante Gamesa, que exporta el 100% de su producción, a falta de clientes locales.
Ahora, los ojos se vuelcan hacia el mercado interno. Es fundamental que el mercado español se reactive, explica Juan Diego Díaz, director de Mercadotecnia de Gamesa, para que el grupo y sus proveedores alcancen un tamaño que les permita mantenerse competitivos frente a los rivales extranjeros.
En España, la instalación de nueva capacidad de producción de energías renovables se ha ido reduciendo a su mínima expresión. En 2015, en fotovoltaico, se instaló más potencial en la ciudad de Bruselas que en toda España, se molesta Fernando Ferrando Vitales, vicepresidente de Fundación Renovables.
