Los bancos que quizás estén ansiosos a causa de la agitación secesionista de España pueden dormir tranquilos. El gobierno central garantizará el pago a todos los acreedores de la administración regional catalana, según un oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Más allá de los intentos de los separatistas catalanes de llevar a cabo un referéndum ilegal por la independencia hoy y posiblemente declarar la independencia de España, el ministerio garantizará que los bancos, proveedores y funcionarios públicos sean pagados puntualmente, dijo el oficial.
Esta garantía es importante para que la economía regional más grande de España siga funcionando sin problemas a la hora de pagar su deuda de más de 88 mil millones.
La continuidad es crucial para las principales compañías calificadoras, debido a que en última instancia España garantiza la deuda de sus 17 regiones. Está previsto que este viernes S&P Global Ratings revise su calificación soberana.
El Gobierno catalán, que quiere soberanía, gestiona una economía que abarca un quinto de la producción total del país. Se ha dado a sí mismo un plazo de 48 horas para declararse una república si hoy se impone el voto por el “Sí”, pese a que en los últimos días los funcionarios locales han hecho declaraciones algo contradictorias con respecto a esa amenaza.
Las disputas relativas a los impuestos y la deuda son centrales en la disputa de años entre los separatistas catalanes, con sede en la región semiautónoma gobernada desde Barcelona, y el gobierno central en Madrid, a 500 kilómetros en la zona central del país.
Este mes el Ministerio de Hacienda quitó a las autoridades catalanas el control de los pagos cuando estas dejaron de proveer informes semanales sobre el gasto.
La medida facilita a Madrid impedir que se utilice dinero público para una votación que fue declarada inconstitucional.
Pese a la intervención de Hacienda, las autoridades catalanas están, de hecho, cooperando con las autoridades en Madrid para garantizar que se realicen todos los pagos legítimos, dijo el funcionario del ministerio este jueves.
Los controles excepcionales se mantendrán mientras la administración catalana siga desafiando la ley, agregó el funcionario.
La propia agencia tributaria catalana en Barcelona solicitó este año convertirse en intermediaria entre los contribuyentes locales y la autoridad fiscal del gobierno central, prometiendo reembolsar a los contribuyentes las multas que pudieran ocasionarse si el dinero no se remitía debidamente a Madrid.
Si se retuviera alguno de estos pagos fiscales, la autoridad central perseguirá directamente a esos contribuyentes, dijo el funcionario del ministerio.
Pese a la turbulencia política, los mercados adoptaron una perspectiva serena.
