El sector empresarial panameño fijó su posición sobre los actos de violencia registrados en Minera Panamá y Cobre Panamá el pasado domingo 18 de febrero y que pusieron en riesgo a más de 7 mil empleados y bienes de la obra.
A través de un comunicado, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) repudió las amenazas y los ataques al personal de Minera Panamá y del proyecto de Cobre Panamá, así como los daños y vandalismos a las instalaciones y equipos del proyecto.
Critica que un grupo minoritario del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) haya impedido que gran parte de los trabajadores de la mina pudieran acudir a sus puestos de trabajo, violentándoles su derecho a laborar, además, perturbando la paz del personal que reside en los campamentos de la mina.
El SIP teme que no se respete la convención colectiva firmada entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería y Afines (STM) y Minera Panamá, o que se pretenda ignorar al STM como el sindicato que representa a la mayor fuerza laboral en la mina. Además, alerta sobre que se traten temas relevantes a la relación obrero-patronal con un grupo no acreditado para representar a los trabajadores de la mina.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó a las partes a mantener el diálogo como fórmula para solucionar sus diferencias.
Inocencio Galindo De Obarrio, presidente de la Cciap, hizo un llamado a las autoridades para que hagan cumplir la ley y que se respeten las garantías constitucionales, como la de propiedad privada y libertad sindical de los colaboradores de la empresa.
Pidió al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral verificar que las conversaciones, que se ha acordado adelantar, se den en igualdad de condiciones. “Esto requiere la continua presencia de la fuerza pública en las instalaciones del proyecto para garantizar la paz en el sitio de obras durante todo el tiempo de negociaciones”, dijo.
