La defraudación de impuestos de manera intencionada a partir de $300,000 en un ejercicio fiscal será castigado con penas de dos a cuatro años de prisión, según el proyecto de ley 591, que fue aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
De igual forma, quien blanquee capitales que hayan surgido de la defraudación de impuestos también se expone a penas de prisión de dos a cuatro años.
Este castigo será inferior al del resto de delitos precedentes de blanqueo de capitales, que conllevan penas entre cinco y doce años de cárcel.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “éramos uno de los pocos países en el mundo que no contaba con este requisito internacional. Además, blinda el sistema financiero de Panamá”.
Varela dijo que solamente alrededor de 80 personas jurídicas declararon utilidades por encima de $1.2 millones en 2017, que es nivel de ganancias necesario para poder defraudar al fisco por $300,000, en un año.
Con la aprobación de esta ley, Panamá mejorará su marco legal para combatir el blanqueo de capitales y estaría en posición de cumplir con la recomendación que hace al respecto el Grupo de Acción Financiera.
El organismo celebrará en febrero una reunión en la que se presentará un informe sobre la evolución de Panamá.
