El Congreso de Nicaragua rechazó las sanciones financieras que un grupo de legisladores estadounidenses impulsa para bloquear los préstamos que el país centroamericano solicite en organismos multilaterales, si no restablece la democracia.
La denominada ley Nica Act 2017, presentada por un grupo de congresistas de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, apunta a desestabilizar económicamente nuestro país, condenó el Legislativo, en una declaración leída por su titular, Gustavo Porras.
El gobierno del presidente Daniel Ortega descalificó el miércoles el proyecto como una intromisión destructiva en los asuntos internos del país. La Nica Act es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país, repudió el gobierno en un comunicado.
La medida estadounidense afectaría los créditos que Nicaragua solicite al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que aportan 250 millones de dólares al año al país.
La posición del gobierno también fue respaldada por el presidente del gremio empresarial, José Aguerri, quien consideró que cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado a los congresistas estadounidenses que reconsideren la iniciativa porque no constituye un aporte constructivo al proceso de fortalecimiento del sistema democrático que la OEA acordó desarrollar con Nicaragua en los próximos tres años.
