La crisis migratoria de Venezuela no le está costando a Colombia tanto como se temía, y el Gobierno cumplirá sus objetivos fiscales con espacio de sobra. Al mismo tiempo, la crisis cuesta una fortuna y el país necesita toda la ayuda que pueda conseguir para enfrentar el desastre.
Colombia está transmitiendo ambos mensajes simultáneamente: el primero para los inversionistas en bonos, el segundo para los gobiernos extranjeros y las agencias de ayuda.
El Ministerio de Hacienda está tratando de minimizar el costo de atender a más de un millón de venezolanos que huyeron a Colombia en los últimos dos años. Dice que puede mantener el déficit fiscal en 2.4% del producto interno bruto este año, por debajo del límite de 2.7% establecido por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal de la nación.
“A pesar de que el flujo migratorio continúa incrementando, hemos podido absorberlo de una manera sostenible y por eso tenemos confianza en que podemos lograr ese 2.4%”, dijo el director de Crédito Público, César Arias.
Sin embargo, el canciller de Colombia, Carlos Trujillo, pintó una imagen mucho menos optimista esta semana al destacar el “costo fiscal creciente” de un aumento de 8,800% en el número de venezolanos que reciben tratamiento en salas de urgencia desde 2015, así como el aumento de los niveles de deuda de los hospitales en la zona fronteriza.
“Es urgente una mayor movilización de la cooperación internacional, pues la migración continuará aumentando y, en esta medida, la necesidad de recursos será mayor”, dijo Trujillo a periodistas en Bogotá.
