Bolivia pidió a un organismo internacional realizar una auditoría a su agencia de aeronáutica civil debido a indicios de corrupción e incumplimiento de deberes de funcionarios al dejar despegar al avión que se accidentó en Colombia dejando 71 muertos.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que la Organización de Aviación Civil Internacional deberá hacer una auditoría “imparcial” a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
“Nosotros presentamos la solicitud al máximo órgano regulador, la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para que ellos hagan una auditoría imparcial y den un informe si han vulnerado alguna norma”, dijo Claros en una interpelación que le realizó la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Explicó que su ministerio encontró indicios de fallas en los permisos que la DGAC otorgó a la aerolínea LaMia que tenía en funcionamiento un único avión, el cual se accidentó el 28 de noviembre cerca del aeropuerto de Medellín.
Hay procesos penales a nueve funcionarios, entre ellos Gustavo Vargas Villegas, exdirector del registro aeronáutico nacional de la DGAC, responsable de otorgar licencias de vuelo a las empresas.
Es hijo del gerente general de la empresa LaMia, Gustavo Vargas, quien tramitó las licencias para la empresa.
Además hay procesos judiciales contra el director de la DGAC, Tito Gandarillas y el director de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana), César Varela.
Además del encargado de Aasana en Santa Cruz, Marcelo Chávez, jefe de la funcionaria Celia Castedo, quien aprobó el plan de vuelo de LaMia.
Castedo huyó a Brasil en busca de refugio, ya que denunció presión de sus superiores. El informe de Claros en la asamblea, de mayoría oficialista, fue aprobado.
