Panamá tiene potencial para mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la figura de las asociaciones público privadas (APP), un esquema de desarrollo de proyectos y servicios que ya es utilizado en otros países de la región.
El país llegó a redactar un proyecto de ley en 2011, pero no tuvo mayor trámite en la Asamblea Nacional.
En un foro celebrado ayer por la Cámara Panameña de la Construcción, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, mostró disposición a retomar el diálogo con el sector privado para crear un marco legal que permita las APP.
Representantes de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrolo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial plantearon que América Latina invierte en promedio un 3% de su producto interno bruto en infraestructuras, cifra que debería ser duplicada para reducir la brecha de infraestructuras, equipararse con otras regiones del mundo y elevar la competitividad y la inclusión social.
Las APP permiten generar espacio fiscal a los países, ya que la inversión puede ser aportada por el sector privado, que comparte riesgos con el Gobierno. No obstante, una condición básica para que este tipo de esquemas funcione es la seguridad jurídica e institucionalidad.
Lucía Meza, directora de Proyectos de la Región Norte de CAF, dijo que se debe cambiar la forma del enfoque de los proyectos de construcción, ya que los países de América Latina se centran en la ejecución y conclusión de la obra, cuando lo realmente importante es poder ofrecer un servicio de calidad en el tiempo.
Puso como ejemplo los elevados costos en Panamá de los peajes de los corredores, de la electricidad o las tasas aeroportuarias, en contraste con la escasa calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
