El pleno de la Asamblea Nacional dio luz verde ayer al proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2018, que asciende a $23 mil 867.9 millones.
En el segundo debate, que se prolongó durante unas dos horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Legislativo, el diputado panameñista Luis Barría, presentó un informe de lo que se aprobó y modificó.
Recordó que el proyecto contempla un ajuste de $470.8 millones adicionales a lo presupuestado inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ($23 mil 397.1 millones) y que estos ajustes se hicieron a entidades como el Instituto Nacional de Cultura ($18 millones), Órgano Judicial y Ministerio Público ($5 millones, cada uno) y a la Asamblea Nacional ($40 millones).
Mientras, la diputada independiente Ana Matilde Gómez y la perredista Zulay Rodríguez cuestionaron los millonarios presupuestos que, a su juicio, tendrán algunas instituciones que, según explicaron, siguen siendo blanco de críticas por parte de la ciudadanía por no brindar buenos servicios.
Gómez también criticó el hecho de que el próximo año se contará con cerca de $2 mil millones más que este año ($21 mil millones). También recordó que aún no se han resuelto las necesidades básicas de buena parte de la población en lo concerniente a agua potable, medicamentos en la Caja de Seguro Social, mora quirúrgica, entre otros aspectos.
“Uno se pregunta para qué el incremento, sobre todo ahora que viene un año preelectoral...”, dijo.
Además, le pidió al titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, quien se encontraba presente en la discusión con todo su equipo de trabajo, que no use el déficit fiscal ajustado, “esa trampita que se inventaron en el gobierno pasado”.
Por su lado, Rodríguez le preguntó en duros términos al ministro cuál será el presupuesto que tendrá el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que dirige Mario Etchelecu, para el programa Techos de Esperanza.
De La Guardia le contestó que tendrá $145 millones.
