El prestamista estatal brasileño Caixa Economica Federal acudió a los tribunales del país sudamericano para exigir que Odebrecht sea liquidado, mientras el grupo empresarial negocia la reestructuración de una deuda de $25,000 millones.
Según la agencia Bloomberg, cinco bancos brasileños que tienen garantías sobre sus préstamos a Odebrecht están en conversaciones avanzadas con el conglomerado sobre un plan para reestructurar la deuda. No obstante, Caixa Economica Federal, que no tiene garantías y no participa en las negociaciones, ha rechazado ese plan.
Bloomberg señaló que Odebrecht puso acciones de su unidad petroquímica Braskem como garantía de préstamos de Banco do Brasil SA, el banco de desarrollo BNDES, Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding y Banco Santander Brasil.
Según fuentes consultadas por la agencia, las cinco compañías darían a Odebrecht 10 meses de dividendos de Braskem que se han prometido a los bancos. Posteriormente Braskem se vendería, y las ganancias se utilizarían para pagar a dichos acreedores y el resto a Odebrecht.
Caixa, que se enfrentaría a una extensión de los vencimientos de la deuda y un descuento del monto principal, cuestiona que Odebrecht incluyera en los procedimientos de quiebra a todas las compañías no operativas y excluyera algunas operativas. Para el banco estatal, esa elección es “irregular” y “arbitraria”.
El presidente de Odebrecht, Luciano Guidolin, trató de tranquilizar a los acreedores y dijo en un comunicado que “es natural, en el transcurso de una recuperación judicial, que los acreedores presenten recursos o contestaciones. Es así con todas las empresas que pasaron por este proceso”.
Guidolin aseguró que “la conducción del proceso de recuperación judicial está siendo realizada de forma constructiva y transparente y de acuerdo con las leyes vigentes” y confió en llegar a un acuerdo de manera breve, pese a los obstáculos.
Odebrecht, que solicitó protección judicial a sus acreedores el 17 de junio, protagoniza el mayor caso de protección contra bancarrota de América Latina, luego del escándalo de corrupción en el que confesó el pago de sobornos en países de América Latina y África para hacerse con contratos de obra pública.
Solo en Panamá admitió haber pagado $59 millones entre 2010 y 2014. El Ministerio Público le impuso una multa de $220 millones apagar en un plazo de 12 años.
