La administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) adelanta una revisión de todas la concesiones portuarias que están operativas en el país para conocer su estatus.
El trabajo lo desarrolla el departamento de Concesiones, que forma parte de la Dirección de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La fiscalización de las concesiones portuarias era uno de los compromisos del plan de trabajo del presidente Laurentino Cortizo.
“Estamos revisando que todo lo que se hizo de julio hacia atrás fue de forma correcta”, dijo el administrador de la AMP, Noriel Araúz.
Una de las concesiones portuarias más visibles que el Gobierno debe revisar para definir si renueva el contrato es la de Panamá Ports Company (PPC).
Los primeros 25 años de vigencia del contrato se cumplen en 2022, según el documento firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado y PPC.
El contrato de concesión firmado entre PPC y el Estado para operar los puertos de Balboa y Cristóbal establece que se prorrogará automáticamente por 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con las obligaciones del acuerdo.
La cláusula décimo cuarta del contrato establece específicamente que “siempre y cuando la compañía haya cumplido con los términos del presente contrato, el mismo se prorrogará a opción de la compañía por un período adicional de 25 años” .
Aunque este contrato fue firmado por el Ministerio de Comercio e Industrias, las concesiones de agua le corresponde aprobarlas a la AMP.
De allí, que el Gobierno tenga que escrutar las operaciones de la empresa portuaria, cuyo contrato está próximo a vencer.
La empresa portuaria afronta una demanda de bien oculto en su contra, admitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La denuncia contra PPC fue presentada por el abogado y exadministrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Pedro Meilán, quien asegura que la compañía no pagó dividendos correspondientes al Estado panameño, a pesar de los elevados ingresos que ha obtenido en su operación.
Indica que esto constituiría “una posible ocultación de ganancias y dividendos que debieron ser pagados al Estado”.
El Estado, que controla el 10% de las acciones de la compañía, no ha recibido más de $3 millones en 20 años de concesión en concepto de dividendos.
PPC ha mencionado, en el pasado, que ha aportado unos $250 millones entre impuestos pagados y pagos al Estado por el movimiento de contenedores.
Desde que comenzó a operar, PPC anunció que no pagaría dividendos al Estado, porque estos se utilizaron para reinvertirlos en la ampliación de la terminal portuaria.
Puertos de cabotaje
Panamá tiene puertos en ambas costas, pero no son utilizados para el movimiento de carga y personas, y a cambio el transporte se realiza por vía terrestre.
Algunos pequeños puestos de embarque, como el puerto de Aguadulce y el de Puerto Armuelles, están subutilizados por falta de inversiones de los sectores privado y estatal.
NorielAraúz, arquitecto naval de profesión y oriundo de Finca Blanco, Puerto Armuelles, precisó que será importante rescatar estos puertos de cabotaje y utilizarlos para mover carga y personas a distancias cortas. “Queremos buscar inversionistas para desarrollarlos” explicó el administrador de la AMP.
