La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) advirtió de la importancia de aprobar el proyecto de ley 591, que tipifica como delito la defraudación fiscal.
En una carta remitida a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que el pasado jueves 26 de abril dio inicio al primer debate del proyecto de ley, el gremio recuerda que la tipificación de la evasión como delito precedente del blanqueo de capitales es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“En nuestro proceso de evaluación [ante el GAFI] se evidenció la necesidad de cumplir este estándar internacional en materia fiscal, dado que Panamá ha sido considerado una jurisdicción utilizada como refugio para evasores fiscales extranjeros”, dice la ABP.
Esta recomendación es una de las “seis grandes” y no cumplir con ella “nos llevaría a entrar automáticamente a una lista de observación de GAFI”, establece la misiva.
Si Panamá vuelve a entrar en una lista de observación o lista gris, se generaría una alerta internacional considerándola una plaza de alto riesgo, lo cual generaría de nuevo presión por parte de los bancos corresponsales.
“Todo banco necesita mantener relaciones con la banca corresponsal para poder realizar pagos fuera de Panamá y para recibir pagos desde el extranjero”, advierte la Asociación Bancaria.
Panamá entró en la lista gris del GAFI en 2014, luego de obtener un mal resultado en una evaluación efectuada en 2012. Eso provocó que el centro bancario perdiera 74 líneas de corresponsalía con bancos internacionales.
Después de adaptar su marco legal y crear nuevas instituciones para prevenir el blanqueo de capitales, Panamá salió de la lista gris en febrero de 2016. Desde entonces se han recuperado 72 líneas de corresponsalía.
Entrar nuevamente en la lista de observación afectaría tanto a las operaciones de los bancos como a la reputación del país, podría provocar la salida de inversionistas e impedir la llegada de otros.
Para la población, esto se traduciría en una reducción de la oferta de préstamos y en un aumento de las tasas de interés, afectando la capacidad de las personas de pagar sus préstamos y poniendo freno a la actividad económica, según la carta.