11 DE NOVIEMBRE
Panamá está viviendo una coyuntura histórica comparable con la posinvasión, no solo por las analogías entre el poder absoluto ejercido por Manuel A. Noriega (1983-1989) y Ricardo Martinelli (2009-2014), sino porque en los gobiernos inmediatos han surgido iniciativas de la sociedad civil y de grupos profesionales para respaldar los esfuerzos dirigidos a restaurar la institucionalidad y los valores propios de un Estado democrático.
En el esfuerzo actual por la recuperación de la institucionalidad democrática, la sociedad civil se ha reactivado en el esfuerzo dirigido a fortalecer la separación de los poderes y corregir deficiencias en el sistema electoral que propician el clientelismo y la corrupción.
Y en la gestión para rescatar la ética en el ejercicio de profesiones liberales como la abogacía y el periodismo, los gremios respectivos impulsan la aplicación de códigos de ética propios de un Estado moderno.
El Colegio Nacional de Abogados ha dado un paso importante al promover entre sus miembros el cumplimiento del código de ética. En cuanto al periodismo, bajo la presidencia de Rafael Candanedo, el Colegio Nacional de Periodistas designó en 2013 una comisión especial integrada por Mileika Bernal, Edilia Camargo y el suscrito para elaborar un proyecto de Código de Ética del Comunicador, el cual fue aprobado por su junta directiva y luego, en acto formal realizado el 12 de noviembre de 2013, refrendado por los comunicadores presentes (posteriormente lo fue en Chiriquí y Veraguas).
En ese código intenté introducir una cláusula que procuraba aplicar criterios de transparencia en el periodismo, particularmente entre quienes ejercen la función de comentaristas y/o analistas. La iniciativa surgía de un concepto elemental: los periodistas exigimos transparencia a los funcionarios, pero debemos “predicar con el ejemplo”. Y es que la audiencia tiene todo el derecho a saber si existe alguna relación entre el periodista y su entrevistado o con la causa que inspira su comentario, o sea, si hay un posible conflicto de interés. Por lo controvertida, la propuesta fue rechazada por mayoría.
La transparencia y rendición de cuentas en la profesión vienen siendo promovidas a nivel global por entidades como el Observatorio Europeo de Periodismo (EJO) y la Red de Periodismo Ético (EJN). Como mejor vehículo para lograrlo proponen la autorregulación, esto es que los propios medios establezcan estructuras internas que velen por el cumplimiento de las normas de ética. En contraposición, la supervisión estatal suele ser vista con suspicacia por los precedentes de gobiernos fuertes que han usado ese poder para controlar la línea editorial de los medios. Además, los mecanismos de autocontrol han demostrado ser más efectivos.
Para medir la aceptación o no del mecanismo de autocontrol, EJO realizó la encuesta “Rendición de cuentas y transparencia en Europa” entre mil 762 periodistas de 12 países europeos, que arrojó interesantes resultados: Los periodistas en países menos desarrollados eran refractarios al autocontrol y la rendición de cuentas, mientras que los de países más avanzados demostraban su aceptación. Estos revelaron más aprecio por los códigos de ética y los consejos regulatorios del ejercicio profesional.
En Panamá, la actual coyuntura requiere que las organizaciones de periodistas y dueños de medios examinen con responsabilidad la situación prevaleciente, particularmente por la coexistencia de dos factores: 1) El país pasa por un proceso judicial inédito en que exfuncionarios y empresarios vinculados a lo que se denominó el “círculo cero” no escatimarán esfuerzos y recursos para evitar que la justicia los alcance, y 2) algunas empresas multinacionales involucradas en casos de corrupción aquí y en sus países sedes están gastando enormes sumas en publicidad para crear buena imagen y lograr influencia (leverage) en los medios que forman opinión pública.
Frente al escenario descrito, no debería sorprender a quienes seguimos de cerca esos procesos y la conducta de algunos formadores de opinión, que un día promuevan la lucha contra la corrupción y la persecución de los corruptos, y al día siguiente, defiendan a exfuncionarios y empresarios involucrados en esos casos sometidos a medidas cautelares.
Cabría en los medios, conscientes de su responsabilidad hacia su principal stakeholder (lectores o audiencia), que examinen la posibilidad de desarrollar mecanismos internos de control que les permitan evaluar el cumplimiento de los principios éticos, incluida la transparencia. Resulta inaceptable que periodistas y analistas pretendan convertir sus programas en tribunales supremos de administración de justicia.
En nuestro medio, el mejor vehículo para liderar el autocontrol es la creación de consejos de defensoría del lector y televidente, encabezados por un ombudsman. Considero que es la mejor forma, no para crear mecanismos de autocensura, sino para que los medios y el interlocutor con su principal grupo de interés (el periodista) cumplan las normas del Código de Ética. Al fin y al cabo, el rigor en el cumplimiento de estas normas es lo que determina la calidad y credibilidad de un medio.
