Luego que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) declarara ayer categóricamente que la parcela CL-35, ubicada en Clayton, está fuera de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces y que la ley ampara su desarrollo, la pugna entre los residentes de Clayton y el Estado se inclinó a favor del proyecto urbano.

Según los ambientalistas, el terreno de 15 hectáreas que adjudicó la ARI el 31 de diciembre de 2003 a Inmobiliaria P&P, S.A., por la suma de 3 millones de dólares, traslapa el Parque Nacional Camino de Cruces.

El administrador general de la ARI, Julio Ross Anguizola, reiteró que la Ley 21 asigna los usos de suelo del área revertida. Estos usos incluyen "el uso mixto, residencial-urbano de alta intensidad" al lote, por lo que insistió que la actual administración cumplirá la ley.

El director de asesoría legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Harley Mitchel, apoyó la postura de la ARI, y confirmó que el globo de terreno CL-35 no se encuentra dentro de los límites de protección.

La ANAM determinó que el lote yace fuera de la ruta colonial del Camino de Cruces, insistió Mitchel, "de acuerdo a hallazgos arqueológicos en las inmediaciones del antiguo hospital de Clayton".

Además, admitió que el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) del lote CL-35 "aún se encuentra en proceso" y que "las obras no podrán empezar hasta que sea aprobado".

Pero eso no fue inconveniente para que el Consejo de Gabinete diera luz verde al contrato de compraventa con la promotora el pasado 17 de noviembre.

Por otro lado, el propietario de la concesionaria, Carlos Pasco, aclaró que los permisos se tramitaron con todos los requisitos que establece la ley. Sin embargo, confesó que "tengo un año en esto (desde diciembre de 2003) y no logro formalizar la compra".

El problema, según Pasco, es la seguridad jurídica, porque aunque la administración cambie, "el Estado sigue siendo el mismo", y los trámites deben seguirse con regularidad, consideró.

Pasco recalcó la participación de ciudadanos, instituciones públicas y la promotora durante la consulta pública.

Y aunque la zonificación establecida por el Ministerio de Vivienda (MIVI) permitía la construcción de edificios y centros comerciales, "Inmobiliaria P&P solicitó que se redujera la densidad para construir residencias unifamiliares solamente, en un desarrollo que respetara a la naturaleza", atinó.

Sin embargo, Raisa Banfield, miembro del Comité Pro-Rescate del Parque Nacional Camino de Cruces, certificó que mientras el empedrado de Camino de Cruces está fuera del lote, el acceso de la urbanización irá por encima.

Por otro lado, Carlos Varela Cardenal, miembro de la Asociación de Propietarios Residentes de Clayton (APRECLA), arrojó luz sobre el estatus actual de la demanda que procesa la Sala Tercera de la Corte Suprema.

En ella se solicita declarar la nulidad del acto de adjudicación, "porque el lote CL-35 afectaba el Parque Nacional Camino de Cruces", indicó Varela.

Observó que en un año y medio después de iniciada la pugna, ninguna autoridad ha delimitado el Parque Nacional Camino de Cruces en el sector que colinda con la ciudad jardín de Clayton, denominado "áreas boscosas de Clayton".