La Asamblea Nacional de Venezuela, de contundente mayoría oficialista, aprobó ayer jueves la propuesta de endeudamiento para 2023 presentada por el Ejecutivo, así como el presupuesto del próximo año, que quedó asentado en 11,565 millones de dólares, 14% menos que el de 2022.
Luego de una discusión que duró menos de media hora, en la que solo participaron cuatro diputados, quedaron aprobadas por mayoría de votos la Ley de Presupuesto, así como la de Endeudamiento, que quedó fijada en un máximo de 2,629,51 millones de dólares.
Tras una reunión celebrada el pasado miércoles, luego de que el Gobierno presentara el presupuesto de 2023, los diputados acordaron “ratificar sin ningún tipo de objeciones el proyecto”, indicó el legislador oficialista Jesús Faría, presidente de la comisión de Finanzas de la AN.
Remarcó que el presupuesto aprobado busca “potenciar” el crecimiento económico del país -que acumula cuatro trimestres de mejora luego de seis años de recesión- y “está en plena sintonía con el proyecto histórico” de la llamada revolución bolivariana, al destinar el 77 % a la inversión social.
Por su parte, el parlamentario antichavista Óscar Ronderos aseguró que la bancada opositora presentó observaciones a favor de los salarios y pensiones -actualmente en 8.5 dólares mensuales- que “fueron acogidas”.
Sin embargo, criticó que el presupuesto contempla un nuevo ítem llamado “ingresos corrientes extraordinarios”, que agrupa “todos los ingresos petroleros”, los cuales siempre han sido considerados ingresos ordinarios del país y, al dejar de serlo, significan una reducción en las asignaciones a las regiones.
Faría aseguró que este dinero, al tratarse de “ingresos permanentes”, seguirá siendo asignado a las regiones y usado para obras en todo el país, si bien no explicó la necesidad de esta nueva diferenciación en el presupuesto.
