Tocumen S.A. presentó un impulso procesal ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) para intentar que avance el proceso de apelación presentado por la empresa Odebrecht contra la resolución administrativa del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros.
El impulso procesal fue presentado luego que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara la decisión del magistrado Carlos Vásquez, que no admitió la advertencia de ilegalidad presentada por la empresa brasileña. Los magistrados Cecilio Cedalise y María Chen tampoco aceptaron una solicitud de aclaración interpuesta por Odebrecht.
“Al no existir impedimento procesal alguno y en vista de las afectaciones que la falta de terminación del proyecto terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen está causando al aeropuerto, solicitamos respetuosamente al Tribunal se le imprima curso al proceso”, indica el documento presentado por los apoderados de Tocumen ante el TACP.
Este es el cuarto fallo en contra que recibe Odebrecht en su intento de revertir la anulación del contrato de 917 millones de dólares. Además de no admitir la advertencia de ilegalidad, la CSJ tampoco aceptó un amparo de garantías.
En la octava adenda del contrato firmado en 2012, Tocumen exigía que Odebrecht culminará al 30 de septiembre de 2021 con los trabajos pendientes en el edificio de 116 mil metros cuadrados.
Dos días antes del vencimiento del plazo pactado en la adenda, Tocumen hizo efectiva la resolución administrativa del contrato, alegando que Odebrecht no había ejecutado 600 reparaciones.
La empresa brasileña alega que atrasos en la entrega de suministros producto de la pandemia respiratoria del coronavirus, sumado a la falta de pagos por parte de Tocumen, le impidieron culminar con la lista de pendientes.
A la fecha Odebrecht tiene más de 300 puntos por atender, sumado a garantías que Tocumen está exigiendo.
Sumado al recurso de apelación presentado ante el TACP, Odebrecht también busca activar la cláusula arbitral pactada dentro del contrato. En el proceso interpuesto ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, el contratista pide que Tocumen, S.A. sea obligada, como mínimo, a pagarle 19.4 millones de dólares y adicionalmente pide una prórroga de 90 días para terminar los trabajos pendientes que no fueron atendidos antes del 30 de septiembre de 2021.
