El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) contratará un seguro de vida y otro de salud para 1,854 funcionarios, por un monto de $5.4 millones.
La búsqueda del proveedor es promovida en momentos en que se ha dado un debate por el pago de seguros privados a servidores públicos, con fondos estatales, mientras que en la Asamblea Nacional hay tres proyectos de ley para prohibir esta práctica. Las tres propuestas fueron enviadas a una subcomisión legislativa, conformada el pasado 27 de octubre (tres días antes del cierre de sesiones ordinarias), que se encargará de estudiar su viabilidad.
Tocumen, S.A. es una de las 14 entidades del Estado que contrata seguro privado de salud y de vida para todo su personal. Hay otras 32 instituciones que también adquieren pólizas particulares, pero no a través de un procedimiento de contratación, sino utilizando el “manual de tarifas especiales aplicables para los seguros del Estado”, aprobado en el año 2006.
Aitsa convocó a una licitación por mejor valor el pasado 17 de octubre. La presentación de propuestas será el 9 de diciembre.
La cobertura privada es parte de los beneficios de los trabajadores, acordados en la convención colectiva.
El proveedor deberá brindar cobertura por 36 meses a los trabajadores de cinco aeropuertos: Tocumen (ciudad de Panamá), Enrique Malek (David, Chiriquí), Scarlett Martínez (Río Hato, Coclé), Enrique A. Jiménez (ciudad de Colón) y Panamá Pacífico (Howard).
La licitación ha despertado el interés de al menos cuatro grandes aseguradoras: Sagicor Panamá, ASSA, Mapfre e Internacional de Seguros (IS). Todas acudieron a la reunión de homologación, que se celebró el pasado 29 de octubre. En esa cita, ASSA, Mapfre e IS solicitaron extender la fecha para presentar ofertas.
El actual proveedor es ASSA, que tiene un contrato adjudicado mediante resolución de la junta directiva de Aitsa, que estuvo vigente entre el 19 de diciembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. El tipo de póliza era de salud y de vida, y el contrato fue por un monto de $2.2 millones.
En la Asamblea hay tres propuestas para prohibir que se utilicen fondos públicos para adquirir seguros privados para el personal de las entidades del Estado. Una fue presentada por Ernesto Cedeño (del Movimiento Otro Camino), otra por Luis Duke (Vamos) y una más por Jairo Salazar (PRD).
Los tres serán analizados por una subcomisión, conformada el pasado 27 de octubre. Sus miembros son Luis Duke, Eduardo Gaitán y Ariel Vallarino, quienes pertenecen a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea. Gaitán preside dicha comisión.
Aitsa es una de las 14 entidades que contrata pólizas privadas de salud y de vida. Las otras 13 son el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá, el Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Zona Libre de Colón y las superintendencias de Bancos (SBP), del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros. Estas pólizas representan un gasto de $90.2 millones.
La lista fue elaborada por la Contraloría en septiembre pasado, a solicitud del diputado Ernesto Cedeño.
El diputado preguntó quién paga esas pólizas privadas, si el Estado costea el 100% o si el funcionario aporta algo. El contralor Anel Flores respondió que esa información es administrada por cada entidad contratante, por lo que no cuenta con esos datos consolidados.
Cedeño opinó que el Estado debería utilizar esos fondos en fortalecer los servicios e instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) y el sistema de salud pública, que benefician a toda la población y no solo a un grupo reducido.
En el presupuesto general del Estado para el próximo año se incluyó un artículo (el número 309) que permite la contratación de pólizas de vida o de salud por parte de las instituciones públicas. Para eso, solo deberán contar, de forma previa, con la debida autorización “emitida por su máxima autoridad o ente correspondiente”.
“Para efectos de la autorización y posterior inclusión en el presupuesto institucional, la contratación de dichas pólizas deberá ajustarse a los criterios y lineamientos técnicos y financieros que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de gestión fiscal, sostenibilidad presupuestaria y uso eficiente de los recursos públicos”, agrega el artículo 309 de la Ley 494 del 29 de octubre de 2025, que adopta el presupuesto para el año 2026.
Si alguna de las propuestas legislativas que discute la Asamblea se convierte en ley de la República, las pólizas que estén vigentes en ese momento serán suspendidas inmediatamente, desde el momento en que la nueva norma sea promulgada en Gaceta Oficial.
