Como cada año, desde el World Economic Forum (WEF) emiten previo a la reunión de líderes mundiales en Davos el informe de riesgos globales, que sirve de referencia para los directores y otros tomadores de decisión al interior de las compañías. Por tanto, el ejercicio de la responsabilidad sobre la estrategia de medio y largo plazo de las empresas y de la supervisión de la función de riesgos y los planes de acción, pasa por la consideración de éstos.
En el corto plazo (aprox. 2 años) vemos mayor diversidad de riesgos, con la espectacular irrupción en el primer lugar del riesgo de desinformación por falsedad, manipulación y/u omisión, lo que está relacionado con el importante ciclo electoral que se avecina, con el año 2024 con el récord histórico de elecciones a celebrarse, así como el crecimiento en el uso de las herramientas de inteligencia artificial.
En torno a este riesgo se encuentran también las controversias que se están viviendo especialmente en Estados Unidos en torno al uso del acrónimo ESG (Environmental, Social and Governance) y en Europa sobre las posiciones de las empresas y qué tanto greenwashing (simular que cumplen con medidas ambientales cuando en realidad no lo hacen) representan.
Sin embargo, el cambio climático también destaca, especialmente en el caso de nuestra región por las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. La polarización social se acentúa también en el corto plazo, y es además uno de los riesgos más interconectado con otros, más influyente por tanto.
A medio y largo plazo, el cambio climático se consolida como el gran agente, a través de diferentes riesgos, relacionados con la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, pero también con la pérdida de biodiversidad y otras consecuencias, que son riesgos a su vez en sí mismo. Suponen la mitad de los 10 riesgos principales por severidad.
Los riesgos están interconectados, lo que hace sino aumentar su severidad y que se produzcan efectos compuestos. Esto hace aún más relevante que las compañías cuenten con estrategias para atender planes de prevención para reducir la probabilidad de ocurrencia, y de mitigación. Además de reducir el impacto en caso de ocurrencia. Por ejemplo, los conflictos globales dificultan la acción sobre el clima, el cambio climático incide en la situación socioeconómica e impulsa migraciones.
Los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios críticos en los sistemas de la Tierra y la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son los tres principales riesgos a largo plazo, interconectados. Pero en Panamá ya estamos viendo las consecuencias hoy, con el Canal de Panamá protagonizando los titulares.
El Canal representa el 6% del tráfico del comercio mundial y aporta al país ingresos que representan también el 6% del producto interno bruto (PIB), lo que da una idea de su transcendencia local e internacional.
En los últimos meses, la frecuencia del paso de los buques ha tenido que reducirse desde finales de 2023 un 50% respecto al año anterior, debido a la escasez de agua. Esta situación, que impide la recarga de las exclusas es consecuencia del cambio climático, que ha alterado ya de manera significativa el régimen de tormentas, que nutren el canal y las vías que desembocan en el mismo.
Desde el punto de vista social, las afectaciones a la salud comienzan a notarse, especialmente las relacionadas con el incremento de las temperaturas, presionando al deficitario sistema de salud. Y esto es sólo el principio, otras consecuencias se irán poniendo de manifiesto, requiriendo de soluciones para la resiliencia de la población y las empresas, es decir, también del sistema económico.
Esta preocupación por el cambio climático está muy presente en el mercado financiero, en calificadoras de riesgos, los inversionistas y los fondeadores, por esas consecuencias sobre los modelos de negocio. De hecho, está dando lugar a la proliferación de regulaciones que requieren a las compañías transparenten las afectaciones que han identificado y priorizado relacionadas con el cambio climático y cómo se preparan.
Para ello disponen incluso de marcos de referencia que establecen qué información hacer pública y cómo, caso de las Recomendaciones del Task Force on Climated-related Financial Disclosures (TCFD).
Estas regulaciones han venido implementase en la región especialmente para los emisores de valores, con las experiencias pioneras de Chile y Colombia. No obstante, ya se va a producir un avance más generalizado, ya que la IFRS Foundation que establece las normas contables de aplicación para la presentación de los estados financieros, ya lo ha establecido en una norma (S2), que será de aplicación próximamente en Panamá, a nivel global se está fijando desde el próximo año al presentar los estados financieros de 2024.
Hay sectores especialmente expuestos al cambio climático, como el agrícola y el turístico, si bien es la banca la más afectada, al tener potenciales afectaciones en diferentes sectores de su cartera de crédito. Por ello, la Superintendencia de Bancos de Panamá ya emitió el Acuerdo 11-2022 que requiere a los bancos la integración de los riesgos climáticos en sus sistemas de gestión de riesgos.
El desafío lanzado a las instituciones ha sido grande, y muchas ya se encuentran trabajando al respecto. Con la aplicación de los resultados en la toma de decisiones sobre asignaciones y composición de la cartera, se fortalecerá a las instituciones y a sus inversionistas, que incluso pueden ser fondos de pensiones, conectando con la relevancia social.