Este sábado 23 de noviembre, los diputados de la Asamblea Nacional recibieron la capacitación que el Órgano Ejecutivo había prometido con miras a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS).
Apoyado de cuadros proyectados en una pantalla, el director de la CSS, Dino Mon mostró a los diputados las corridas en las cuales se respaldó el Ejecutivo para presentar el proyecto de reforma que se encuentra en primer debate en la Asamblea Nacional. Mon advirtió que en la medida que se modifican las variables que se colocaron inicialmente, así mismo se incrementa el aporte que se debe hacer.
Entre los cuestionamientos estuvo el aporte estatal proyectado para los próximos años, que asciende desde los $966 millones en 2025 hasta $4,122 millones en 2062.
El director general de la CSS afirmó que las proyecciones actuales se basan en un crecimiento anual del PIB del 4%.
Explicó que este crecimiento permitiría mantener el aporte del Estado, equivalente actualmente al 1.17% del PIB, se mantenga manejable en términos proporcionales. Señalaron además, que incluso con un aumento nominal del aporte estatal, su impacto relativo disminuiría con el tiempo debido al crecimiento económico.
“El peso relativo de estos aportes será menor para las generaciones futuras, lo que liberará recursos para otras prioridades como educación, salud e infraestructura”, afirmó Mon, subrayando que las proyecciones buscan un equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento económico.
Mon, al ser cuestionado sobre la posibilidad de implementar el aumento del 3% de manera escalonada de la cuota patronal a la CSS, que incluye al Estado, respondió que, aunque la idea es viable, esta podría generar desequilibrios en el modelo financiero que sustenta el sistema.
Explicó que el modelo actual está diseñado con un incremento constante del 3%, lo cual permite mantener un equilibrio en las reservas del sistema. Si el aumento se implementa de manera gradual, podrían generarse déficits en los primeros años, lo que obligaría al Estado o a otras fuentes de financiamiento a cubrir la diferencia.
“Si lo hacemos de manera escalonada, se desequilibra el modelo. El Estado tendría que poner más o alguien tendría que aportar más, porque el modelo ya está en equilibrio con el 3% constante”, señaló el ministro.
El funcionario agregó que, en caso de optar por la gradualidad, sería necesario analizar los sobrantes en la reserva actual del sistema para determinar si estos son suficientes para cubrir la brecha generada en los primeros años.
“La reserva nunca es negativa con el 1.17% del PIB. Habrá que ver si ese 3% escalonado afecta a la suficiencia del sistema y, de ser así, tendríamos que identificar de dónde sacar el dinero extra para mantener el equilibrio”, explicó.
Según el director, la implementación gradual podría evaluarse dentro de ciertos límites que no comprometan la sostenibilidad financiera del sistema. Esto requeriría ajustes específicos en el modelo, considerando tanto las reservas disponibles como posibles fuentes adicionales de financiamiento.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman aseveró que aunque la Ley de Responsabilidad Social Fiscal permitió suspender las contribuciones al Fondo de Ahorros de Panamá (FAP) por tres años, el ministro aclaró que las proyecciones actuales no consideran este fondo como fuente de financiamiento para el sistema de pensiones.
“No hemos propuesto tocar el Fondo de Ahorro de Panamá para las pensiones. Para efectos de esta propuesta, el FAP no existe”, enfatizó Chapman.
Sin embargo, destacó que el fondo puede cumplir otros roles estratégicos, como servir de reserva en emergencias climáticas o económicas. “La discusión sobre el uso del FAP es válida, pero debe mantenerse separada del debate sobre las pensiones”, subrayó.
Dentro de la discusión también surgió el manejo del Fondo General de Reserva, donde el artículo 105 del proyecto de ley 163, introduce la posibilidad de delegar la administración parcial o total de este fondo a administradores de inversión con licencia.
Según Chapman, esto se alinea con los estándares internacionales y con otros programas existentes en Panamá, como el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap).
A pesar de esto destacó que cualquier proceso de contratación estaría sujeto a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, garantizando la transparencia y competencia en la selección de administradores de inversión o la eliminación de dicha propuesta “si es algo que desagrada a la población o a la Asamblea Nacional”.
De igual forma, Chapman enfatizó en la necesidad de diversificar las inversiones para reducir riesgos. Señaló que limitar las inversiones exclusivamente al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros podría ser menos rentable que adoptar un enfoque más amplio, que incluya bonos de empresas estatales y otras oportunidades nacionales e internacionales.
El proyecto de ley 163 actualmente está siendo sometido a un período de consultas en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. En los primeros siete días de consulta, han participado 125 personas. En total, 641 se anotaron para emitir sus consideraciones sobre el proyecto de ley, que contiene 91 páginas.
Las consultas serán reanudadas este lunes 25 de noviembre a las 10:00 a.m. en el auditorio Carlos Titi Alvarado del Palacio Justo Arosemena. Se escucharán a 32 personas.
El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo propone cambios al sistema de pensiones que incluyen un aumento de tres años en la edad de jubilación para hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50, el alza en los aportes de los empleadores y la unificación de dos programas pensionales.