El presupuesto de ingresos y gastos para el año fiscal 2025 será menor al del 2024 y tendrá la orientación de mantener la contención del gasto público y ser más eficientes en la recaudación.
Así lo adelantó recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en el foro de Inversionistas de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
“Estamos trabajando en un presupuesto para el próximo año muy prudente, puedo adelantar que va a ser inferior al del año 2024 y el resultado del presupuesto final lo veremos una vez terminemos el periplo de ir a la Asamblea”, dijo Chapman.
El ministro también adelantó que harán una revisión integral de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que fija los topes de déficit fiscal.
Este mecanismo de regla fiscal se colocó para tener una disciplina, reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr la sostenibilidad a largo plazo de la economía y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas. Pero el tope establecido no se ha cumplido. Este año se fijó en 2% sobre el producto interno bruto.
“Tenemos la ambición también de hacer una revisión. Yo no sé si la palabra es integral, pero si muy aspiracional de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que vaya más allá de simplemente cambiar los topes, sino buscar la esencia el concepto”, dijo.
Precisó que esperan que sea una norma fiscal que se pueda cumplir y que se señales de mayor certidumbre al servir de brújula y guía.
A la parte de esta ley, prevén presentar el plan estratégico a cinco años.
Presidente revisará el presupuesto al regresar de Nueva York
Este presupuesto del año fiscal 2025 será revisado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, al regresar del viaje oficial a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Así lo indicó el mandatario, al señalar que será consultado y revisado para ser llevado a la Asamblea Nacional entre lunes y martes de la primera semana de octubre como corresponde.
Menores ingresos y un mayor déficit fiscal
Para este año 2024, se estimó en $30,690 millones el presupuesto fiscal, que estipulaba una proyección de ingresos corrientes por $19,770 millones que incluían impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes corrientes y servicios entre otros, además de $10,991 millones en ingresos de capital referidos al dinero que percibe el Estado por el retorno de las inversiones financieras, venta de bienes, endeudamiento y donaciones.
Sin embargo, la previsión de ingresos ha estado por debajo de lo presupuestado, con un déficit de $779 millones al mes de agosto.
Entre enero y agosto de 2023, la recaudación alcanzó los $4,425 millones, dejando una diferencia negativa de 116 millones de dólares.
Para el segundo semestre el nuevo gobierno decidió aplicar una política de contención del gasto por $1,387 millones precisamente ante la caída de los ingresos y el mayor endeudamiento público que pone presión al aumentar el déficit fiscal por encima del tope de 2% fijado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Chapman planteó que efectivamente Panamá es uno de los países que tiene menor proporción de ingresos tributarios comparado con el producto interno bruto en la región, al estar en 13.9% y admitió que esta situación produce problemas fiscales como un mayor déficit.
“Nos dicen que se tienen que aumentar los ingresos, pero eso también va por el lado del gasto, de nada nos sirve duplicar nuestros ingresos si vamos a tener presión con el gasto”, reflexionó frente a banqueros, inversionistas y empresarios al describir que la gestión de las finanzas se convierte en un malabarismo interesante.
Chapman volvió a mencionar que las leyes especiales que obligan al Estado a realizar aumentos salariales en varios sectores también genera presiones en el gasto y en el manejo de las finanzas públicas.
A finales de julio, el saldo de la deuda se incrementó en 48 millones de dólares en comparación con el mes anterior, alcanzando un total de 51,860 millones de dólares.
“Si tenemos un reto esa relación cercana al 60% de la deuda sobre el PIB se tiene que reducir”, dijo Chapman.