Esta semana la economía panameña recibió dos importantes noticias. Por un lado, la calificadora de riesgo Moody’s mantuvo el grado de inversión, mientras que los bonos panameños mejoraron su posición dentro del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), pasando del puesto 9 al 7 entre los más seguros en Latinoamérica.
Con una perspectiva de crecimiento superior al 4% para este año, la economía panameña tiene el viento a favor para regresar a los niveles previos a la pandemia, pero hay tareas pendientes por resolver, como el desempleo, la informalidad, la baja recaudación fiscal y un elevado gasto estatal.
Rafael Sayagués, socio director de Deloitte para el Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, comentó que la decisión de Moody’s refleja la resiliencia de la economía panameña, que en los últimos años pasó de un crecimiento superior al 7% a un 2.9% el año pasado, para luego aspirar a un 4% en 2025.
Más allá de la ratificación del grado de inversión, Sayagués estima que el país debe centrarse en resolver los pendientes que hicieron que, a pesar de los avances —como las reformas a la Caja del Seguro Social—, la calificadora mantuviera la perspectiva negativa.
La agencia de calificación indica que “la decisión de mantener la perspectiva negativa refleja que persisten riesgos para el proceso de consolidación fiscal, principalmente debido a la rigidez presupuestaria y la baja recaudación de ingresos”.
Moody’s reconoce que, si bien las autoridades han reducido el déficit fiscal en 2025, se requieren acciones gubernamentales adicionales para lograr una consolidación fiscal más rápida y efectiva que revierta la tendencia creciente de la deuda, en consonancia con los planes del Gobierno.
Aunque incrementar la recaudación de ingresos —quizás a través de una reforma fiscal— es una de las principales recomendaciones de las calificadoras de riesgo, Sayagués estima que su implementación en estos momentos no sería el camino más factible, ya que sería el mismo porcentaje de la población económicamente activa el que cargaría con un eventual ajuste tributario.
En su opinión, las acciones deben estar enfocadas en incrementar la generación de puestos de empleo y reducir la informalidad, que roza el 50% de la población.
“Es esencial en este momento que las políticas públicas busquen la inserción de los emprendedores, de la pequeña empresa, del microempresario, del profesional, porque eso ayudará a reducir el déficit fiscal y aumentar la base de contribuyentes”, señaló el ejecutivo de Deloitte, quien agrega que, al fomentarse la generación de empleos formales, mejora la calidad de vida de las personas, disminuyendo así los niveles de subsidios.
De acuerdo con René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, la economía panameña ha enfrentado una fuerte contracción del consumo, cuyo “epicentro” se encuentra en Panamá y Panamá Oeste, donde, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, según datos de la Contraloría General, se perdieron más de 125 mil empleos, así como $60 millones mensuales de masa salarial.
Según Quevedo, estas cifras representan el 47% de la contracción del consumo a nivel nacional en el primer semestre de 2025. Agrega que, tal como advirtió Moody’s, persisten riesgos para el proceso de consolidación fiscal debido a las rigideces del gasto público y la baja recaudación, por lo que se requieren medidas adicionales para acelerar el ajuste y contener el aumento de la deuda.
Sobre la mejoría en la percepción de riesgo de los inversionistas respecto a los títulos de Panamá, Quevedo menciona que en abril de 2022 los bonos panameños eran calificados como los terceros más seguros de Latinoamérica, solo superados por los de Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión.
No obstante, explica que en octubre de 2024 la situación era totalmente diferente, con los bonos ocupando el puesto 9, incluso superados por países sin grado de inversión —Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana—, posición en la que se mantuvieron hasta septiembre de 2025, producto de la fuerte desaceleración de la economía y un perfil financiero a la baja.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, señaló que es importante que Panamá mantenga el grado de inversión con Moody’s, pero explica que la perspectiva se mantuvo en negativo porque no se ha resuelto el tema de la empresa minera, sumado a los retos fiscales.
“En la medida en que negociemos cómo vamos a solucionar la situación de la mina, controlemos el déficit fiscal llevándolo a la baja y se logre cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y generemos empleo formal para los panameños, nuestra perspectiva podrá mejorar”, destacó Diez.
En sus proyecciones más recientes, divulgadas después de julio, los organismos multilaterales coinciden en que Panamá retomará un ritmo de expansión superior al promedio regional en 2025. El Banco Mundial estima que la economía crecerá 3.9% el próximo año, luego del 2.9% calculado para 2024, apoyada en la recuperación de la actividad logística, los servicios financieros y los proyectos de infraestructura. En la misma línea, la CEPAL proyecta un aumento de 4.1% para 2025 y de 4.2% para 2026, cifras que sitúan al país entre los de mayor dinamismo de Centroamérica.
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, prevé que América Latina crecerá apenas 2.3% en 2025, pero destaca a Panamá como una de las economías con mejor trayectoria en la etapa pospandemia, con un desempeño que se ha mantenido cerca del 4% anual. Estas previsiones reflejan un consenso sobre el potencial de recuperación del país, pese a los desafíos fiscales y al impacto de la desaceleración regional.
Listas y Estados Unidos
Sumados a los retos internos, el socio director de Deloitte para el Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y el presidente del Conep estiman como prioritario para Panamá lograr la exclusión de cualquier lista discriminatoria, como la de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE).
Sayagués señala que otras jurisdicciones que, al igual que Panamá, también estaban señaladas —como Hong Kong, Uruguay y Costa Rica— ya salieron de la lista, por lo cual estima prudente seguir el mismo camino que esos países.
Esta semana el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, volvió a solicitar a la UE poner fin a la inclusión de Panamá en las llamadas “listas discriminatorias” de países no cooperantes en materia fiscal, durante su intervención en la IV Cumbre CELAC-UE.
Sobre este tema, el presidente José Raúl Mulino ha indicado que el proceso para salir es complejo, pero aseguró que el país está haciendo los esfuerzos necesarios. El Gobierno panameño ha reiterado que no renunciará a su sistema territorial impositivo, pero sí planea modernizarlo para alinearlo con los estándares internacionales.
Otro punto importante en materia internacional para Panamá, comenta Sayagués, es mantener una relación estable —lo más posible— con Estados Unidos, recomendación que aplica para toda la región. Es prioritario para nuestras economías mantener una relación sana con Estados Unidos, y Panamá ha logrado avances importantes en esa materia, destacó.
Modelo educativo
Un aspecto importante, no solo para Panamá, sino para Centroamérica, es la evolución del sistema educativo que permita capacitar a la población en los nuevos modelos de comercio y en la implementación de la inteligencia artificial.
El ejecutivo de Deloitte indica que inversionistas y empresas están mirando hacia la región para establecer sus centros de operación y manufactura, por lo cual se hace prioritario avanzar hacia un nuevo modelo educativo.
Indica que la pandemia afectó el desarrollo de toda una generación y aboga por carreras cortas que permitan atraer inversiones en diferentes rubros, que en el caso de Panamá están fuertemente orientados al sector servicio, altamente dependiente de la capacidad del personal para un buen funcionamiento.
“Panamá tiene el potencial para regresar al crecimiento que registraba antes de la pandemia. Hay decisiones importantes que se deben tomar, sumado a los proyectos del Canal de Panamá que superan los 8 mil millones de dólares, así como el impulso que se le debe dar a sectores tradicionales como el turismo”, destacó el ejecutivo de Deloitte.
