Sin contabilizar los arbitrajes que han interpuesto First Quantum y sus socios contra Panamá por el cierre de la mina de cobre ubicada en Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón, procesos que están en sus primeras etapas, hay otras nueve reclamaciones contra el Estado panameño que, juntos, suman seis mil millones de dólares.
De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los procesos activos, hay siete arbitrajes de inversiones en curso y dos en procesos de anulación.
Los inversionistas que optaron por demandar a Panamá operan en los sectores de minería, construcción, sector financiero, bienes raíces y electricidad. Los registros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) demuestran que la reclamación interpuesta por los socios de Petaquilla Minerals es la última en ser ingresada al sistema, al culminar la fase previa de documentación.
El registro indica que el 16 de mayo, el secretario general interino del CIADI ingresó una solicitud para la iniciación de un procedimiento de arbitraje. La reclamación se basa en los términos acordados en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, y los inversionistas buscan una compensación por el cierre del yacimiento Molejón, ubicado en zonas aledañas al proyecto Cobre Panamá, que era operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
Hace una semana, La Prensa reportó el inicio de la audiencia oral del proceso de arbitraje interpuesto por la empresa española Sacyr, que busca que el Estado responda por los atrasos que, en su opinión, elevaron los costos de construcción del tercer juego de esclusas. La empresa estaría buscando una compensación cercana a los dos mil millones de dólares.
Este arbitraje es adicional a los otros cinco procesos que Sacyr ha interpuesto contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde también participan la mayoría de sus socios en el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la belga Jan De Nul, y Webuild (antes Salini Impregilo). De acuerdo con información proporcionada por la administración de la vía acuática, la panameña Constructora Urbana, que también participó en el consorcio, no fue parte de las reclamaciones lideradas por Sacyr.
Siguiendo los pasos de su socio, Webuild también demandó en solitario al Estado panameño, tras los fallos en contra que han recibido en los arbitrajes interpuestos contra la ACP.
Otros procesos que atiende la Oficina de Arbitraje de Inversiones del MEF son los interpuestos por Blue Sea Holding, LLC y Oceans Group International, S.A., que acusan a Panamá de interferir en una transacción de compra y venta de tierras en la provincia de Bocas del Toro.
Un boletín del Observatorio de Arbitraje Internacional y Derecho de las Inversiones Extranjeras indica que este proceso fue interpuesto en 2022 y, en el mismo, los demandantes alegan “que mientras la Corte Suprema de Panamá en 2015 falló a su favor en la disputa sobre la propiedad de la tierra, el Registro Público de Panamá y la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) se negaron a implementar esta decisión de los magistrados.
Además, los demandantes sostienen que fueron víctimas de incursiones violentas supuestamente organizadas en colaboración con la policía local. Esto, según los demandantes, dio lugar a una situación en la que se vieron obligados a abandonar el proyecto”.
Otro de los casos activos fue presentado por Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y Banesco (Panamá), S.A., en septiembre del año pasado, en el que reclaman 10.4 millones de dólares por cobros de fianzas vencidas por parte de entidades panameñas, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
En marzo, el CIADI designó el tribunal responsable del proceso y, el pasado 29 de abril, dicho tribunal emitió la orden procesal sobre transparencia y confidencialidad que establece, entre otros puntos, que los documentos presentados durante el arbitraje, como pruebas y alegatos, no pueden ser divulgados a terceros.
En el listado de casos activos también aparece el presentado en 2021 por parte de IBT Group, LLC, IBT, LLC y Eurofinsa Concesiones e Inversiones, aunque el 30 de mayo pasado se ordenó su suspensión al darse un acuerdo entre las partes. El consorcio reclamaba al Estado panameño pagos no cancelados por la prestación del servicio de hemodiálisis, contrato que se firmó en 2012, pero que con el pasar de los años se extendió con la firma de seis adendas. Tras la negociación, el Consejo de Gabinete autorizó a la Caja del Seguro Social a reconocer 16.3 millones de dólares por pagos atrasados.
Sobre los dos arbitrajes que están en proceso de anulación, de acuerdo con la dependencia del MEF, son los interpuestos por Dominion Minerals Corp. y Leopoldo Castillo. El proceso interpuesto por la empresa minera está relacionado con la expropiación de la explotación de Cerro Chorcha, en Bocas del Toro, por parte del Estado.
Por su parte, Castillo, principal accionista de Seguros BBA, pidió una compensación superior a los 10 millones de dólares, después de que, en mayo de 2018, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros ordenara la toma de control administrativo y operativo de Seguros BBA por incumplimientos de las normas que regulan el sector seguro.
Procesos resueltos
Adicionalmente a los procesos activos o en proceso de anulación que lleva la dependencia del MEF, en los últimos años también se han resuelto otros ocho arbitrajes y en este listado figuran los procesos interpuestos por Bridgestone Licensing Services, Inc., Bridgestone Americas Inc., Omega Engineering LLC, Oscar Rivera, Campos de Pesé, S.A. y Jochem Bernard Bus.
La Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas explica que “Panamá tiene derecho a recuperar como costas de estos procesos 14 millones de dólares, de los cuales ya se han recuperado 7 millones de dólares. También se indicó que el Estado alcanzó un acuerdo en otro proceso interpuesto por Enel Fortuna, que reclamaba una compensación por las pérdidas que le ocasionó el retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, que afectó la operación de alguna de sus plantas generadoras construidas en el interior del país”.
Recientemente, se organizó en Panamá la VI Edición de la Conferencia Internacional de Arbitraje de la ICC. Durante el evento, Esteban López, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje (ICC), capítulo de Panamá, dijo que Panamá tiene la experiencia para defenderse en arbitrajes importantes y citó el caso de las disputas por la construcción del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá.