El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), José Antonio Ruiz Blanco, compareció el martes, 16 de septiembre, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el plan de gastos e inversión de la terminal aérea correspondiente al año 2026, el cual asciende a 386.7 millones de dólares.
De ese total, 275.6 millones de dólares corresponden a funcionamiento y 111.1 millones de dólares a inversión.
La sesión estuvo marcada por las preguntas de diputados, en especial de la bancada Vamos, que pidieron explicaciones sobre demandas pendientes, aumentos en renglones sensibles y el manejo de concesiones internas.
Uno de los primeros diputados en intervenir fue Janine Prado, quien recordó que en 2024 se había ordenado a la constructora brasileña Odebrecht (CNO), luego de un proceso de arbitraje, el pago a Tocumen de 30 millones de dólares, y preguntó si la obligación se había cumplido.
Ruiz Blanco respondió con franqueza: “No se realizó, estamos viendo cómo recuperar ese dinero tras la demanda contra Odebrecht, así como lo hace el Estado en otros procesos legales”.
Los problemas
El gerente explicó que la terminal aérea enfrenta problemas estructurales heredados de la gestión de obras de Odebrecht. Según dijo, al asumir la administración encontró ocho puertas cerradas por fallas en las plataformas, que son las áreas donde se estacionan los aviones. “El material utilizado no fue el correcto y el piso cede, lo cual es riesgoso y carísimo”, advirtió.
Ruiz Blanco detalló que un estudio realizado con la Universidad Tecnológica de Panamá confirmó la necesidad de una reparación integral, cuyo costo ronda los 15 millones de dólares. Este hallazgo dará paso a una nueva demanda contra Odebrecht, aunque reconoció que el aeropuerto tendrá que asumir gastos inmediatos para atender la seguridad operativa.
Como se recordará, la constructora brasileña Odebrecht fue condenada en 2024 a pagar más de 30.7 millones de dólares a la empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen, por concepto de lucro cesante y daños y perjuicios derivados de la anulación del contrato de la Terminal 2 en septiembre de 2022. Sin embargo, las controversias en torno a esa obra no concluyen con el laudo arbitral ni con la decisión favorable a Tocumen.
Ruiz explicó que, a raíz del hundimiento, se mantienen inhabilitadas varias puertas de embarque y desembarque, entre ellas las 221, 222, 223, 224 y 225. Esta última había sido habilitada para vuelos domésticos, lo que agrava el impacto operativo.
Se pudo conocer también que, además de los hundimientos, la terminal presenta filtraciones de agua y otras anomalías que requieren corrección.
Alquileres
Otro punto de interés durante la sustentación fue el aumento en el renglón de alquileres, que llamó la atención de la diputada Prado. En respuesta, Julieta Córdoba, de la gerencia de Finanzas, explicó que la variación obedece principalmente a pagos pendientes con el aeropuerto de Panamá Pacífico y a compromisos derivados de la convención colectiva con los trabajadores.
Córdoba detalló que Tocumen paga anualmente 2.5 millones de dólares a Panamá Pacífico y, además, 1.7 millones de dólares como parte de un arreglo por la morosidad acumulada durante la pandemia. A estos compromisos se suma un gasto de 1.8 millones de dólares en transporte para colaboradores, lo que explica el incremento solicitado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2024 con un tráfico de 19.2 millones de pasajeros, consolidándose como el principal hub aéreo de la región.
