Panamá mantiene su calificación de riesgo.
Moody’s Ratings (Moody’s) anunció que ha reafirmado las calificaciones de emisor y de deuda senior no garantizada a largo plazo del Gobierno de Panamá en Baa3, y las calificaciones de deuda senior no garantizada a largo plazo en (P) Baa3.
Mientras tanto, la perspectiva se mantiene negativa.
La agencia de calificación indica que “la decisión de mantener la perspectiva negativa refleja que persisten riesgos para el proceso de consolidación fiscal, principalmente debido a la rigidez presupuestaria y la baja recaudación de ingresos”.
Moody’s reconoce que, si bien las autoridades han reducido el déficit fiscal en 2025, se requieren acciones gubernamentales adicionales para lograr una consolidación fiscal más rápida y efectiva que revierta la tendencia creciente de la deuda, en consonancia con los planes del Gobierno.
“Esto incluye la implementación de medidas estructurales para controlar el gasto y fortalecer la credibilidad de la política fiscal. Aunque las autoridades han declarado que las medidas de ajuste se debatirán a principios de 2026, persisten riesgos de implementación dada la limitada capacidad política del Gobierno y la necesidad de apoyo del poder legislativo”.
El informe de Moody’s sobre Panamá advierte también que la relación deuda/PIB aumentará hasta 2027.
“La confirmación de la calificación Baa3 refleja la mejora del perfil crediticio tras las medidas proactivas del Gobierno para abordar las contingencias derivadas del deterioro de las finanzas del sistema de pensiones y el litigio relacionado con el cierre en 2023 del proyecto minero Cobre Panamá. Estas acciones han mitigado sustancialmente el riesgo de un mayor debilitamiento estructural de la fortaleza fiscal”.
Además, Moody’s señala que la consolidación fiscal alcanzada en 2025 ralentizará el ritmo de crecimiento de la deuda y estabilizará la carga de intereses. “La calificación de Panamá sigue estando bien respaldada por la fortaleza económica del país, con perspectivas de crecimiento favorables y la ausencia de desequilibrios macroeconómicos significativos, que se benefician de la dolarización”.
Fundamentos de las calificaciones
Moody’s explica en su análisis que la perspectiva se tornó negativa en noviembre de 2024 debido al significativo deterioro fiscal de ese año y a los riesgos identificados para las iniciativas de consolidación fiscal propuestas por la administración Mulino.
“Estos riesgos incluían una mayor rigidez en el gasto, una recaudación de ingresos limitada y pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones y a los litigios derivados del cierre del proyecto minero Cobre Panamá. Si bien los riesgos de pasivos contingentes han disminuido, el Gobierno aún no ha abordado de manera efectiva las presiones estructurales subyacentes que generan los déficits fiscales: la rigidez presupuestaria y la persistente baja recaudación de ingresos”.
Igualmente, advierte que las rigideces presupuestarias se derivan de las persistentes presiones sobre las pensiones, la legislación que exige que el gasto en educación represente el 7% del PIB, las leyes que dictan aumentos salariales y las ineficiencias en la asignación de subsidios. “En conjunto, estos elementos han incrementado la inflexibilidad del gasto y limitado la capacidad del Gobierno para realizar ajustes fiscales efectivos”.
Advierte la calificadora que las restricciones al gasto se ven agravadas por la reducida base de ingresos del Gobierno panameño, impulsada por las exenciones fiscales y la evasión generalizada.
Menciona la agencia que los ingresos tributarios disminuyeron de forma constante hasta representar menos del 7% del PIB en 2024, frente al 11% en 2010. Esta combinación de tendencias en el gasto y los ingresos ha incrementado la vulnerabilidad fiscal de Panamá ante las crisis externas y ha limitado su capacidad para financiar la inversión pública y los programas sociales.
Por otra parte, Moody’s explica que la confirmación de las calificaciones refleja la disminución de los riesgos de pasivos contingentes, la reducción del déficit fiscal en 2025 y el apoyo esperado que la fortaleza económica seguirá brindando al perfil crediticio soberano.
Precisa la agencia que la aprobación de la reforma de las pensiones en marzo de 2025, junto con el acuerdo alcanzado con las empresas vinculadas al proyecto minero Cobre Panamá, ha mitigado sustancialmente los riesgos de pasivos contingentes que, de otro modo, podrían haber afectado negativamente la posición fiscal del Estado.
“El Gobierno logró abordar parcialmente un problema histórico del sistema de pensiones, que las administraciones anteriores no habían resuelto.
Sin la implementación de la reforma de pensiones en marzo, el déficit de flujo de caja del anterior programa de prestaciones definidas habría requerido una transferencia del Gobierno central superior al 1% del PIB en 2025, con previsiones que apuntan a incrementos continuos que podrían alcanzar entre el 2% y el 3% del PIB para finales de la década”, reconoce Moody’s.
