El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó el secuestro de las cuentas por cobrar de la empresa Serviestiba, que prestaba servicios de personal en los puertos de Balboa y Cristóbal, ante el anunciado cierre de sus operaciones y la incertidumbre sobre el pago de las prestaciones laborales de 1,386 trabajadores de ambas terminales.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que la medida fue adoptada de oficio por la institución, con el propósito de asegurar recursos que permitan responder por los derechos adquiridos de los trabajadores, muchos de los cuales acumulan más de 15 años de servicio.
“Se ha ejecutado un secuestro sobre las cuentas por cobrar que nos permita a nosotros un margen que le garantice a los trabajadores sus prestaciones y sus derechos adquiridos”, afirmó Muñoz durante un recorrido y reuniones con representantes de la empresa y trabajadores en Colón.
La funcionaria señaló que, pese al anuncio del cese de operaciones de Serviestiba, la empresa no había comunicado formalmente al ministerio cómo resolvería la situación laboral de su personal.
“Hasta el día viernes (9 de octubre) nosotros no hemos recibido por parte de Serviestiva una comunicación de cómo van a quedar el tema de los trabajadores”, expresó la ministra.
Muñoz precisó que el ministerio ya realizó una auditoría laboral individual de los 1,386 empleados y solicitó a la empresa revisar los cálculos correspondientes a sus prestaciones y derechos adquiridos.
La titular de Trabajo también aclaró que la medida cautelar no fue solicitada por los sindicatos ni por otra organización, sino que surgió directamente de la actuación de la institución.
“El secuestro se ejecutó de forma oficiosa, no fue solicitado por una organización”, indicó. Agregó que las organizaciones de trabajadores han manifestado su intención de presentar demandas para respaldar las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
En redes sociales, los trabajadores que dependen de Serviestiba habían denunciado que la empresa pretendía cerrar sus operaciones sin reconocer las prestaciones sociales completas.
Finalmente, este 13 de octubre, Serviestiba anunció el inicio de un proceso ordenado de cese de operaciones, tras 11 años de prestar servicios logísticos y portuarios en Panamá.
En relación con sus trabajadores, Serviestiba señaló que respetará los derechos adquiridos conforme a la legislación laboral vigente. Añadió que convocará al personal por turnos para atender cada caso de manera individual y revisar las condiciones laborales correspondientes.
Nuevas contrataciones en los puertos
De forma paralela, el Mitradel mantiene conversaciones con APM Terminals Panamá y Terminal Investment Limited (TIL), empresas que asumieron temporalmente la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente, para facilitar la contratación del personal de Serviestiba.
La ministra del trabajo informó que las empresas APM Terminals y Til se comprometieron a contratar a los trabajadores de Serviestiba.
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 13, 2026
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Muñoz explicó que la incorporación de los trabajadores a las nuevas operadoras requiere completar previamente su desvinculación laboral de Serviestiba, por lo que se trata de un proceso de transición que deberá atender tanto las nuevas contrataciones como las obligaciones pendientes del empleador anterior.
“Estos trabajadores deben ser liberados de sus plazas de trabajo para poder accionar a las nuevas contrataciones”, señaló.
La ministra aseguró que las dos operadoras han mostrado disposición para contratar personal, aunque sus declaraciones no establecen que la totalidad de los 1,386 empleados tenga ya garantizado un nuevo contrato.
En cuanto a los salarios, indicó que Serviestiba comunicó al ministerio que el pago de la próxima quincena estaba garantizado y que los trabajadores continuarían recibiendo sus remuneraciones durante el proceso de transición.
“La empresa nos ha manifestado que sus quincenas están garantizadas y que van a hacerse efectivas el día de mañana”, expresó, sin precisar una fecha calendario en las declaraciones suministradas.
Muñoz también descartó que la situación laboral haya provocado una interrupción de las actividades portuarias. “En ningún momento, porque ayer vi un video, las operaciones portuarias se han detenido”, sostuvo.
La situación de Serviestiba se produce casi ocho meses después del cambio de administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, que durante cerca de tres décadas estuvieron bajo el control de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings.
El 29 de enero de 2026, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que sustentaba el contrato de concesión entre el Estado panameño y PPC. La sentencia fue publicada el 23 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial número 30468, fecha en la que quedó ejecutoriada y se formalizó la salida de la compañía de ambas terminales.
Ese mismo 23 de febrero, el Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones que autorizaron la contratación temporal de APM Terminals Panamá, filial del grupo danés Maersk, para administrar Balboa, y TIL Panamá, vinculada a Mediterranean Shipping Company (MSC), para operar Cristóbal. Los contratos fueron refrendados por la Contraloría General de la República el 24 de febrero de 2026, con una duración máxima de 18 meses.
Serviestiba formaba parte del esquema de tercerización de servicios que funcionaba durante la administración de PPC. La compañía, constituida en 2015, prestaba servicios relacionados con la estiba, desestiba y suministro de mano de obra portuaria, entre otras actividades.
El futuro de estas empresas proveedoras quedó en incertidumbre tras la anulación de la concesión. El 5 de marzo, el presidente José Raúl Mulino advirtió que las compañías que mantenían contratos tercerizados con PPC debían negociar nuevas condiciones directamente con los operadores que asumieron las terminales, debido a que sus relaciones comerciales anteriores habían quedado sin sustento contractual.
Serviestiba arrastraba antecedentes de reclamos laborales
La situación de los 1,386 trabajadores de Serviestiba se suma a anteriores conflictos laborales. Una investigación de La Prensa, publicada el 16 de abril de 2025, documentó que en diciembre de 2015 trabajadores de Panama Ports Company (PPC) fueron trasladados a Serviestiba mediante una sustitución patronal, lo que generó reclamos ante el Ministerio de Trabajo.
En octubre de 2020, los trabajadores denunciaron pagos pendientes de bonos de eficiencia y reconocimiento desde 2016, así como problemas con equipos portuarios. Ante la falta de acuerdos en dos de los siete puntos de sus reclamaciones, suspendieron una huelga y solicitaron un arbitraje.
En abril de 2025, el contralor Anel Flores también denunció presuntas irregularidades en la tercerización de servicios de PPC, que habrían reducido las utilidades de la concesionaria y los ingresos del Estado. Según el funcionario, Serviestiba facturó $468 millones entre 2015 y 2023.
