La rigidez en el gasto público que no permite reducir aún más los gastos en algunas planillas y pago de empleados públicos, además de otras normativas, está siendo revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas para proponer a la Asamblea Nacional, cambios en algunas leyes especiales.
Así lo reiteró esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al indicar que una vez que concluya el inventario de esas leyes y la revisión técnica, presentarán a la Asamblea Nacional las modificaciones.
“Cuando estén esas leyes, esos borradores, esas propuestas de ley… se va a recoger retroalimentación de todos los actores pertinentes y los grupos de interés para cada caso, para entonces presentar la propuesta al Presidente y al Consejo de Gabinete y posteriormente a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados”.
Precisó que la siguiente sesión de Asamblea inicia el primero de enero y va hasta el mes de abril. “Así que en ese periodo de cuatro meses, ese cuatrimestre, tenemos la oportunidad de ir presentando estas iniciativas”.
Según explicó, estas leyes generan rigideces en el gasto público, lo que impide realizar ajustes, reducir obligaciones automáticas —como incrementos salariales o subsidios— y asignar recursos con flexibilidad hacia prioridades nacionales como infraestructura, educación, carreteras o centros de salud.
Chapman recalcó que estas limitaciones afectan directamente la capacidad del Estado para mejorar la calidad de vida de los panameños, aun cuando existan los fondos disponibles.
Un conjunto de leyes especiales y normas que obligan a asignar recursos para ajustes salariales a empleados públicos, porcentajes altos de aportes como el previsto de hasta 7% a la educación, tomando en cuenta la totalidad del producto interno bruto, además de algunos subsidios y aportes son los que busca modificar el MEF.
En el presupuesto de 2026 el peso de estas leyes especiales es de aproximadamente $312 millones, y en lo que respecta a los subsidios, se tiene programado para 2026 un monto cercano a los $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones.
El reto de mantener el grado de inversión
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que aunque Panamá logró preservar su calificación de grado de inversión por parte de la calificadora Moody’s, admitió que el país aún enfrenta desafíos significativos para mantenerla.
Recordó que la perspectiva negativa asignada por las calificadoras refleja las persistentes rigideces fiscales y presupuestarias que impiden una administración más flexible de los recursos del Estado.
Para Chapman, ignorar estos problemas no hará que desaparezcan y, por el contrario, continuará afectando la capacidad del país para responder a sus necesidades de desarrollo.
Chapman subrayó que uno de los elementos más críticos para mantener la confianza de inversionistas y calificadoras es el compromiso del Gobierno con las metas fiscales.
Recalcó que el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal es “no negociable”, pues constituye un mensaje directo a los mercados internacionales sobre la seriedad y estabilidad financiera del país.
Según explicó, demostrar disciplina fiscal es un factor clave para revertir la perspectiva negativa en los próximos meses.
Chapman aseguró que los mercados ya están reaccionando positivamente a la gestión económica actual, reflejándose en la reducción del costo de financiamiento y en un mayor apetito por bonos panameños.
Incluso, señaló que la opinión de los inversionistas es hoy más optimista que la de las propias calificadoras, lo cual considera una señal alentadora. Sin embargo, insistió en que el reto continúa: Panamá deberá consolidar reformas estructurales y demostrar resultados fiscales sostenidos para garantizar, a mediano plazo, la permanencia del grado de inversión.
