Durante la inauguración del primer Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado hace unos días en Panamá y organizado por la CAF, el presidente José Raúl Mulino afirmó que los “estados gordos” ahuyentan la inversión y que no se puede tapar la falta de oportunidades con un “empleo estatal abultado”.
Todo indica que el pensamiento del presidente no ha permeado al resto del aparato oficial. Y es que la planilla estatal registró un incremento de 3,999 nuevos funcionarios en noviembre, en comparación con los datos del mes anterior, alcanzando los 263,855 trabajadores.
Durante los primeros cinco meses de la administración Mulino (julio a noviembre de 2024), el número de empleados públicos solo disminuyó en julio y septiembre, mientras que en los tres meses restantes se han registrado incrementos, al punto que la cifra de noviembre ya supera los 262,330 trabajadores que dejó el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo en junio del año pasado.
Los 3,999 funcionarios que ingresaron en noviembre lo hicieron, en su mayoría, en el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, la Universidad Especializada de Las Américas, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación.
Según la Contraloría General, la Asamblea Nacional pasó de tener 4,236 funcionarios permanentes y eventuales en octubre a 4,936 en noviembre, un aumento de 700 empleados, convirtiéndose en la planilla estatal que más creció durante ese período, seguida por el Ministerio de Seguridad, que añadió 590 trabajadores, alcanzando un total de 32,690 (Ver gráfica)
En noviembre la Asamblea Nacional pagó 9.1 millones de dólares en salarios, superando los 7.7 millones de dólares de octubre. Por su parte, el Ministerio de Seguridad aumentó su gasto de 43.2 millones de dólares a 43.7 millones de dólares, mientras que el Ministerio de la Presidencia pasó de 2.8 millones de dólares en octubre a 3.3 millones de dólares en noviembre. (Ver gráfica).
Del total de funcionarios en noviembre, 237,447 eran permanentes y 26,408 eventuales, correspondiendo 170,127 al Gobierno Central y 93,728 al Sector Descentralizado. El incremento de casi 4,000 trabajadores representó un alza de 11.2 millones de dólares, para totalizar un desembolso solo en noviembre de 444.6 millones de dólares.
El informe de la Contraloría General agrupa información de 93 instituciones: 28 del Gobierno Central, 41 descentralizadas, 16 empresas públicas y ocho intermediarios financieros. El documento no incluye los salarios de la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos ni los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
También se excluyen los pagos por horas extras, vigencias vencidas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
En su intervención en el foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Mulino indicó que no se puede maquillar la ineficiencia con gasto público excesivo, señalando que es importante atraer nuevas inversiones para fomentar la creación de empleos en el sector privado, mientras que a los estados les corresponde garantizar que se cumplan las normas del mercado.
El informe de la Contraloría General indica que 2024 inició con una planilla de 239,223 trabajadores, cifra que se fue incrementando con el paso de los meses.
El abultado tamaño y costo del aparato estatal fue una de las razones por las cuales la calificadora Fitch le retiró el grado de inversión a Panamá en marzo de 2024, ya que el incremento no era cónsono con la caída en los ingresos corrientes.
Durante el quinquenio de la administración de Cortizo, la planilla estatal registró un aumento acelerado con un total de 24,082 nuevos funcionarios, a pesar de la caída en los ingresos producto del desplome de los datos económicos a raíz de las restricciones aplicadas para frenar el avance del coronavirus (covid-19).
Así como el número de trabajadores aumentó a lo largo de los 11 primeros meses del año pasado, el gasto en salarios también fue en incremento, pasando de 403 millones de dólares en enero a 444.6 millones de dólares en noviembre, para totalizar un acumulado de 4,728 millones de dólares.
Esta cifra es casi el doble del monto (2,470 millones de dólares) que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó a finales del año pasado al Gobierno en concepto de excedentes y representa el 51.71% de los ingresos totales del Estado al mes de octubre de 2024, que sumaron 9,143 millones de dólares.
Para René Quevedo, consultor laboral y asesor empresarial, la evolución de la planilla estatal debe analizarse en el contexto del patrón de generación de empleo en la economía panameña, así como del comportamiento tanto de la inversión privada como de la pública.
“En un fenómeno que pudiera describirse como crecimiento sin confianza entre 2012 y 2024, de cinco empleos generados, cuatro fueron informales y el otro fue en el sector público, financiado con préstamos. Esto significa que la economía panameña crece, pero solo genera informales y funcionarios”, comentó.
Indicó que, al ya complicado panorama de falta de confianza en la economía, que se traduce en menor inversión extranjera directa, ahora se suman las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el manejo del Canal de Panamá.
“Es importante que se aclaren estos cuestionamientos y transmitamos confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, porque el cierre de la mina y la consecuente pérdida del grado de inversión ocasionaron la eliminación de 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024, la peor ‘catástrofe laboral’ después de la pandemia”, advirtió Quevedo.
A pesar de la debilidad en los ingresos, para este año se proyecta un mayor gasto en el pago de salarios, y es que dentro del presupuesto de 2025 se contempla una partida de 7,138 millones de dólares en concepto de servicios personales, es decir, pago de planilla.
La cifra supera en aproximadamente 260 millones de dólares el monto asignado para 2024. El Gobierno ha señalado que solo en pagos vinculados a las leyes especiales, que establecen incrementos salariales automáticos a maestros, policías, médicos y otros funcionarios, para 2025 se han contemplado 300 millones de dólares.
La semana pasada, el contralor Anel Flores solicitó la suspensión de todos los aumentos salariales en el sector público, alegando que Panamá no está en condiciones de asumir estos costos adicionales y enfatizando la necesidad de prudencia y responsabilidad fiscal.
“No podemos seguir aumentando salarios. Tenemos casos en las juntas comunales en el interior del país donde los representantes han decidido subirse los gastos de representación a 3,000 dólares. Esto es un popurrí de gente que está buscando más dinero”, advirtió.
El contralor reveló que la Contraloría ha recibido solicitudes de aumentos salariales, pero aseguró que han sido devueltas sin refrendo.
Indicó que no aprobará estos ajustes y recordó que ya había advertido sobre esta situación. “Este contralor no va a refrendar eso. Ya lo habíamos dicho anteriormente”, afirmó.