La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) dos anteproyectos de ley para modernizar la institución y tipificar como delito en el Código Penal la venta ilegal y con sobreprecio de los chances y billetes de la entidad.
Actualmente, las irregularidades en la comercialización de la lotería oficial se manejan bajo un esquema de sanciones administrativas, como multas o la suspensión temporal de libretas de billeteros, que ha demostrado ser insuficiente para detener la especulación y el florecimiento del juego clandestino.
La iniciativa propuesta plantea una reforma integral al Código Penal para castigar con penas de prisión la venta ilegal y el condicionamiento en la venta de billetes.
El plan también contempla la derogación de los decretos ejecutivos promulgados entre 1969 y 1970, normativas vigentes desde la era del régimen militar que la actual administración califica de obsoletas.
La venta de lotería en Panamá atraviesa un panorama crítico
Pérdidas por lotería clandestina. Las estimaciones oficiales de la institución calculan que el Estado deja de percibir entre 200 y 300 millones de dólares anuales debido a la comercialización informal e ilegal de chances y billetes.
Venta con sobreprecio ("casado" y "one two") Especulación del mercado: Pese a las prohibiciones administrativas, la exigencia de comprar productos adicionales obligatorios (rifas informales, números "feos" o pagar un extra por número solicitado) sigue estando generalizada en las calles.
Devoluciones de billetes oficiales: Se estima que está por el orden del 37% al 40%. Esta alta devolución no solo genera gastos operativos y logísticos no recuperados, sino que refleja cómo la lotería clandestina ha desplazado a la lotería oficial en diversos puntos de venta del país.
Con esta reestructuración, la LNB aspira a modernizar su modelo operativo, sanear el mercado de apuestas en el país y dotar a las autoridades judiciales de herramientas coercitivas efectivas para perseguir a las redes de lotería clandestina.
El informe destaca que el Mef preside la Junta Directiva de la LNB. Por lo tanto, los cambios normativos y de reestructuración institucional deben pasar primero por la revisión del ministerio tutor.
Posteriormente la propuesta deberá ser evaluada por el Consejo de Gabinete antes de su eventual discusión en la Asamblea Nacional, donde se definirá el futuro de las sanciones para los infractores.
