El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de una nueva etapa en el proceso para definir qué ocurrirá con el proyecto Cobre Panamá, cerrado desde noviembre de 2023, y planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la empresa Minera Panamá.
Estos son los datos clave del mensaje que dio al país, en cadena nacional, este lunes 16 de noviembre.
Se abre la puerta a negociar la reapertura de la mina. Mulino ordenó iniciar conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un acuerdo que genere los mayores beneficios para el país.
No será una concesión. El presidente aclaró que, si se alcanza un acuerdo, el Gobierno anunciará la figura jurídica que lo sustentará.
El cierre definitivo será innegociable. Cualquier acuerdo deberá incluir un plan de cierre definitivo, financiado por la empresa y sin posibilidad de prórroga.
El Gobierno busca eliminar los arbitrajes internacionales. Uno de los objetivos de la negociación será poner fin a todos los procesos arbitrales contra Panamá.
Julio Moltó encabezará el equipo negociador. El ministro de Comercio e Industrias liderará el equipo interministerial que iniciará de inmediato las conversaciones con Minera Panamá.
Panamá exigirá los mayores beneficios económicos. Mulino planteó que el país debe obtener el máximo rendimiento económico de sus recursos minerales y que esos beneficios se sientan en todo el territorio nacional.
Los empleos deberán ser para panameños. El Gobierno plantea que una eventual reactivación genere miles de puestos de trabajo exclusivamente para trabajadores nacionales.
Advirtió que habrá nuevas exigencias ambientales. Se exigirán controles estrictos, fiscalización independiente, información pública, uso responsable del agua, por ejemplo.
El Gobierno reconoce que Panamá no tiene capacidad para operar la mina. Mulino admitió que el Estado no cuenta actualmente con las condiciones para realizar por sí mismo la operación, explotación y procesamiento de cobre.
Se abrirá un proceso de consulta ciudadana. El mandatario anunció espacios para recibir observaciones de la población, especialmente de las comunidades cercanas al proyecto, conforme al Acuerdo de Escazú.

