La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó $2,337 millones entre enero y septiembre, lo que representó un incremento del 69.7 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Después de registrar $878.4 millones durante los primeros tres meses del año, se observó un descenso en los siguientes trimestres, con $731.9 millones y $726.8 millones, respectivamente.
El informe de la Contraloría General indica que el incremento del 69.7% registrado entre enero y septiembre se debió, en gran parte, a la reinversión de utilidades, que alcanzó un monto de $1,480.7 millones, lo que generó un alza del 51.7% respecto al mismo período del año anterior, impulsada principalmente por los bancos de licencia general y otras empresas.
En la categoría de utilidades reinvertidas se incluyen aquellas ganancias de empresas que, teniendo participación en negocios en Panamá, optan por no distribuir dividendos, sino reinvertirlos en la generación de más negocio en el país.
Además, la Contraloría reporta que, en lo relacionado con otro capital invertido, se registró un monto de $889.0 millones, con un crecimiento del 68.2%, destacándose los pasivos frente a inversionistas directos. Por otro lado, las acciones y otras participaciones de capital descendieron un 74.5%, particularmente debido a la baja en los bancos de licencia internacional.
Durante los primeros nueve meses de 2024, la inversión de cartera, que incluye la compra de activos financieros como bonos y acciones, registró un saldo positivo de $973.2 millones, aunque esto representó una reducción del 164% respecto al mismo periodo de 2023. Este comportamiento se debió principalmente a una caída en el valor de los activos del 35.3% y un aumento de los pasivos del 74%, influenciado por el movimiento de títulos de deuda.
Por otro lado, en la categoría de otra inversión, se reportó un saldo negativo de $80.8 millones, lo que implicó una disminución del 137.3% en comparación con el año anterior. En este rubro, los activos reflejaron un monto negativo de $1,302.1 millones, impulsado por un aumento en los préstamos de 334.8%, mientras que los pasivos totalizaron $1,221.3 millones, con una caída del 16.6%, debido a menores préstamos (69.7%) y una reducción en depósitos y monedas (53.4%).
A diferencia de la Inversión Extranjera Directa (IED), que busca establecer una presencia duradera en el país mediante la adquisición de activos productivos como empresas o infraestructura, la inversión de cartera es más volátil, ya que se enfoca en rendimientos financieros a corto o mediano plazo. En este contexto, ambas categorías forman parte de las cuentas financieras de la balanza de pagos y reflejan diferentes formas de entrada de capital extranjero.
Economistas consultados indicaron que, en la categoría de acciones y otras participaciones de capital, se incluyen aquellas inversiones que no generan directamente empleo formal ni pagan cuotas a la Caja de Seguro Social, pero son importantes porque tienen la finalidad de generar un rédito vía dividendos.
A pesar de que Panamá destaca entre los países con más incentivos para atraer capital extranjero, según reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aún no ha regresado a los niveles de inversión extranjera registrados antes de la pandemia de covid-19.
Cabe recordar que Panamá estuvo entre los países que aplicaron más restricciones a la movilidad durante 2020, lo que provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajera un 17.9% ese año. Estas restricciones continuaron durante gran parte de 2021, afectando la actividad económica
A pesar del incremento del 69.7% registrado durante los primeros nueve meses de 2024, el flujo de IED está muy por debajo de los $4,735 millones registrados en el mismo periodo de 2019, cuando la economía recibió en total $4,835 millones.
De acuerdo con la Cepal, los años 2015, 2016, 2017 y 2018 fueron, desde 2003, los de mayores flujos de inversión extranjera en el país, con más de $5,000 millones. Antes de la pandemia, Panamá era el principal destino de la IED en Centroamérica y el Caribe; sin embargo, ese puesto ahora lo ocupa Costa Rica, que este año proyecta inversiones por $4,500 millones, superando los $3,788 millones del año pasado.
Para el economista Carlos Araúz, la pérdida del grado de inversión en marzo de 2024 aumentó la prima de riesgo y, dependiendo del sector o de la política de una multinacional, esto podría excluir al país por completo de la posibilidad de captar nuevos inversionistas. Añade que lograr la certeza del castigo en materia de justicia aportaría puntos en la lucha frontal por salir de las listas grises que aún existen y ahuyentan a posibles inversionistas.
“Recordemos que no estamos solos en esta batalla campal por proyectar un país estable y sostenible. Costa Rica y República Dominicana siguen dando de qué hablar por sus niveles de educación y mano de obra calificada”, indicó.
Precisamente, para el banco estadounidense Citi, los países mencionados por Araúz están bien posicionados para conseguir en el corto plazo el anhelado grado de inversión, mientras que Panamá, debido al abultado gasto estatal y al alto déficit de ingresos, podría perder el grado con las dos calificadoras que aún mantienen la deuda sobre el nivel de riesgo alto, como lo son Moody’s y S&P Global Ratings.
La Cepal indica que Colombia, Estados Unidos, Barbados, Suiza, Brasil, Reino Unido y Taiwán figuran entre los principales orígenes de la IED en Panamá en los últimos años, mientras que las empresas panameñas se encuentran entre los principales inversores en la región, encabezando la lista en países como El Salvador y Guatemala.
“La participación de los países de América Latina y el Caribe como origen de la IED que ingresa en la región totalizó $10,825 millones en 2023, destacando Argentina como el principal origen de la IED dirigida hacia la región, con el 21% del total, seguido de Panamá (18%) y Chile (15%)”, explicó la Cepal, que resaltó que en 2023 Centroamérica y el Caribe recibieron más inversiones que en 2022 (12% y 28%, respectivamente).
En Centroamérica, casi todos los países recibieron más IED en 2023, destacándose el crecimiento en Costa Rica (28%) y Honduras (33%), mientras que el aumento en el Caribe se debió principalmente al incremento de las entradas en Guyana (64%) y la República Dominicana (7%).
Para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis, es importante mantener el grado de inversión para continuar captando IED. Por ello, considera prioritario resolver el problema financiero de la Caja del Seguro Social, estabilizar las finanzas públicas, garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en las contrataciones públicas, combatir la corrupción de manera frontal, fortalecer la institucionalidad y estimular sectores clave como el logístico y el turismo.
Por su parte, René Quevedo, consultor en materia laboral y asesor empresarial, describe la IED como “el aceite que hace girar la rueda de la economía”, convirtiéndola en un factor clave para generar puestos de trabajo. Añade que la relación entre la confianza en el clima de inversión privada, los financiamientos al sector productivo y la banca nacional debe ser fortalecida, ya que, en su opinión, la crisis laboral no es de empleo, sino de confianza.
“Ya los bonos panameños son percibidos como los novenos menos riesgosos, superados por bonos de países que no tienen grado de inversión, como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana”, comentó.
La tasa de desocupación en Panamá subió 2.1 puntos porcentuales, al pasar del 7.4% en agosto de 2023 al 9.5% en octubre de 2024. Esto representa un total de 202,609 personas desempleadas, comparado con las 155,625 registradas en agosto de 2023, según los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral 2024, divulgada este lunes 16 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
En cuanto al empleo informal no agrícola, se reportaron 771,603 personas en esta condición en octubre de 2024, lo que equivale a 49 de cada 100 trabajadores ocupados. Esto evidencia un aumento respecto a agosto de 2023, cuando la cifra era de 47 por cada 100 ocupados.
Para Quevedo, la cifra guarda una relación directa con la menor generación de empleo en la economía, y agrega que, si no hay inversión privada, solo se genera empleo informal.
Por su parte, Carlos Araúz considera que es muy difícil que Panamá compita por la IED sin un plan que abarque objetivos país claros, concretos y medibles. Destaca que es vital capacitar y preparar el talento humano para que la productividad mejore y los salarios suban. Sin embargo, para lograrlo, enfatiza que son necesarias reglas claras y transparentes. “Un campo de juego justo y sin preferencias puede sumar también a la conquista de nuevos mercados. Además, es importante la modernización de procesos, tecnología y la eliminación de burocracia innecesaria en los trámites”, acotó.
A finales de 2024, el gobierno de José Raúl Mulino presentó su Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2025-2029, que establece la hoja de ruta para los próximos cinco años con la meta de traducir el crecimiento económico en bienestar social y oportunidades equitativas.
Con el PEG, el Gobierno busca reactivar la economía y generar empleo mediante el impulso de sectores estratégicos como logística, turismo, agropecuario, industrias, tecnología e innovación, y servicios financieros. Además, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se prioriza la promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera y el estímulo al consumo y la inversión local mediante políticas fiscales prudentes que reduzcan los costos de financiamiento. En este contexto, el Gobierno proyecta inversiones superiores a los $30,000 millones durante el quinquenio.
El PEG 2025-2029 se basa en cuatro pilares: el impulso a sectores económicos, con la creación de nuevos centros de desarrollo y una mayor integración a la economía global; oportunidades equitativas, a través de una educación pertinente y servicios básicos de calidad para promover un crecimiento inclusivo en todas las regiones.
Adicional, el Gobierno se compromete al fortalecimiento institucional, enfocado en una gobernanza eficiente basada en la rendición de cuentas, la transparencia y la confianza en las instituciones; y la sostenibilidad ambiental.