Los informes de auditoría y los documentos que la componen constituyen información de carácter confidencial, según el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y que fue aprobado mediante Decreto No.194 de 16 de septiembre de 1997.
Así lo dio a conocer la Contraloría, en un comunicado, donde indica que el propio artículo 125 del Reglamento Interno confiere “exclusivamente” al contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que se estimen pertinentes.
El contralor Gerardo Solís rindió un informe, el 4 de febrero pasado, sobre los aspectos relacionados a la auditoría de cumplimiento realizada a Panama Ports Company (PPC). En aquella ocasión, Solís informó que, de la auditoría efectuada al contrato firmado en 1997 entre el Estado y PPC, se concluye que ésta ha cumplido con el acuerdo.
Varios sectores de la sociedad civil han reiterado su interés de conocer el resultado de la auditoría que realizó la Contraloría, con miras a entender cuáles fueron las consideraciones técnicas para certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones previamente pactadas.
En ese sentido, la Contraloría señaló que “las auditorías comprenden documentos de índole personal, financiero, correspondencia y otros documentos privados de personas naturales o jurídicas que están protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá en concordancia con la Ley 6 de 2002, con el Artículo 89 del Código de Comercio y el Artículo 722 del Código Fiscal”.
En vista de lo señalado anteriormente se exige a la autoridad que tiene posesión de la documentación a mantener estricta reserva; solo se puede dar acceso a ella a las autoridades correspondientes y a las partes interesadas debidamente acreditadas y sus apoderados, tal y como lo dispone el Artículo 70 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, precisa el comunicado.
La Contraloría concluye entonces que “solo podrán obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre informes de auditoría las personas que sean parte o estén relacionadas con la misma y autoridades competentes”.
El pasado 23 de junio, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047. La negociación generó indignación y dudas al quedar al descubierto la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso.
El excandidato presidencial Ricardo Lombana, quien solicitó las actas autenticadas de las sesiones de la junta directiva de la AMP en las que aprobó la renovación del contrato a PPC, reaccionó −en Twitter− a la información emitida por la Contraloría sobre el carácter confidencial de las auditorías.
El Contralor decide mantener en secreto y esconderle a un país la auditoría de Panama Ports, apoyándose en un Reglamento que JAMÁS puede estar por encima de la Ley y la Constitución. Y para rematar, dice que los ciudadanos no somos "parte interesada" para pedir esta información. pic.twitter.com/Q9DQE2LFWy
— Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) September 2, 2021
