A casi una década de la inauguración del tercer juego de esclusas, el conflicto legal entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUP) —integrado por las empresas Sacyr (España), Webuild (Italia) y Jan De Nul (Bélgica)— sigue vivo en los tribunales internacionales, al menos por uno de los procesos más cuantiosos aún en disputa.
De los cinco arbitrajes que el contratista interpuso contra la ACP ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuatro ya concluyeron con laudos mayormente favorables a la administración canalera, mientras que el quinto, considerado el más grande y complejo, sigue en trámite.
Cuatro arbitrajes cerrados a favor de ACP
Los primeros cuatro procesos estaban relacionados con reclamos por sobrecostos, fallas constructivas y pagos adelantados.
El tribunal arbitral rechazó el reclamo por la ataguía temporal del Pacífico, donde GUPC solicitaba $194 millones y una extensión de 247 días, negando ambas pretensiones.
En el arbitraje de los anticipos, determinó que el contratista debía devolver $847 millones, más $13 millones en intereses, que la ACP le había adelantado durante la ejecución del contrato.
En el caso de concreto, agregados, laboratorios y fallas, el laudo fue contundente: GUPC debía pagar $271.8 millones a la ACP.
Este fallo fue ratificado por la Corte de Distrito de Miami y confirmado por la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos.
Finalmente, la Corte Suprema estadounidense rechazó en marzo de 2024 la apelación del consorcio, dejando el laudo en firme.
En el cuarto arbitraje, sobre compuertas, mano de obra y otros reclamos, el tribunal rechazó la mayoría de las reclamaciones —por unos $671 millones— y solo dejó abierta una posibilidad condicional de hasta $34 millones, supeditada al resultado del arbitraje pendiente por “perturbaciones”.
Además, el consorcio fue condenado a pagar $20.6 millones en costos y gastos legales a la ACP.
‘Perturbaciones’: la batalla final
El único arbitraje activo, conocido como el de perturbaciones, concentra las mayores expectativas económicas del contratista.
En este proceso, GUPC reclama cerca de $4,000 millones, alegando que diversas decisiones y condiciones impuestas durante la obra alteraron significativamente el costo y el plazo del contrato.
Desde el año 2021, GUPC presentó la demanda consolidada: el llamado arbitraje de perturbaciones por un monto superior a los $3,118 millones del contrato de construcción del tercer juego de esclusas que se adjudicó en 2009.
El concepto de perturbaciones es usado por los contratistas para incluir cualquier reclamo que ellos consideren que los haya afectado en el desarrollo de la obra.
Pero la victoria del Canal en el arbitraje sobre la mezcla de concreto y los agregados debilitó los pilares del reclamo por perturbaciones.
Ese fallo no solo redujo las probabilidades de éxito del contratista, sino que también le otorga a la ACP mayor margen de maniobra para defender sus intereses en un proceso que podría redefinir los pagos y responsabilidades asociados con la ampliación del tercer juego de esclusas.
Las audiencias de mérito están programadas del 19 de enero al 6 de febrero de 2026 y del 9 de marzo al 31 de marzo de 2026, con posibilidad de extenderse hasta el 3 de abril de 2026.
La ACP ha reiterado en comunicación con La Prensa, que defenderá enérgicamente los intereses de la ACP, manteniendo su posición de que los reclamos carecen de sustento contractual y técnico.
Sacyr también perdió frente al Estado
Sacyr, por su lado, también responsable de construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, presentó en 2018 una reclamación por $2,362 millones, alegando que las actuaciones de la ACP durante la licitación y ejecución del proyecto violaron el tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá.
Siete años más tarde, el tribunal arbitral rechazó estas reclamaciones, concluyendo que Sacyr no logró probar sus alegatos y que las actuaciones de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño, de acuerdo con información suministrada por la Presidencia de la República de Panamá la semana pasada.
En los distintos arbitrajes, ya sea contra el Canal o contra el Estado panameño, las empresas —tanto en conjunto como de manera individual— no han logrado imponerse. Las reclamaciones multimillonarias del consorcio han sido en gran medida desestimadas.
Errata: Esta noticia fue actualizada a las 10:38 a.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, para precisar que los cuatro arbitrajes fueron cerrados a favor de la ACP y no del Estado panameño, como se indicó originalmente en las versiones digital e impresa.
