El Gobierno de Panamá se prepara para iniciar la próxima semana las conversaciones con Minera Panamá, en medio de la incertidumbre sobre el modelo de gestión que se utilizaría para administrar el proyecto minero de Donoso.

Aunque el Ejecutivo plantea una operación que permita financiar su cierre definitivo, todavía no ha revelado cuál será la figura jurídica ni los términos bajo los cuales se desarrollaría esta actividad.

En una entrevista concedida a La Prensa este jueves 19 de noviembre, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró que la autorización otorgada por el presidente de la República al equipo interministerial es exclusivamente para comenzar las conversaciones con la empresa y no constituye una aprobación para reabrir la mina.

“Debemos dajar claro que esto no es una repertura, esto está basado en cinco ejes claves”, expresó Moltó, quien señaló que el proceso deberá respetar la Constitución, las leyes panameñas, el medio ambiente y garantizar beneficios económicos para la población.

El ministro explicó que las reuniones comenzarán la próxima semana con la participación de los titulares de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, quienes tendrán la responsabilidad de explorar las condiciones para definir el futuro del proyecto.

Abrir para financiar el cierre

Uno de los principales planteamientos del Gobierno consiste en permitir una operación limitada que genere los recursos necesarios para financiar el cierre definitivo de la mina, sin que esto implique una nueva concesión.

“En caso de que se decida, será una apertura que permita un cierre ordenado autofinanciado”, afirmó Moltó al ser consultado sobre la recomendación de abrir la mina para posteriormente cerrarla.

El funcionario agregó que, mientras se desarrolla ese proceso, la actividad deberá traducirse en beneficios económicos y oportunidades laborales para la población.

“Pero mientras tanto esto debe dejar beneficio a los panameños, trabajo a los panameños”, sostuvo.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el modelo de negocio que permitiría administrar el proyecto, quién asumiría su operación y bajo qué condiciones económicas y legales se realizaría la actividad minera.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Estado administre sus recursos minerales sin recurrir a un contrato de concesión, Moltó evitó adelantar cuál será el mecanismo seleccionado.

“Como bien él lo dijo [el Presidente José Raúl Mulino], el mecanismo o el instrumento jurídico se divulgará en su momento cuando lo hayamos conversado”, respondió.

Consultas a las comunidades

Otro componente de las negociaciones será la participación ciudadana. Moltó aseguró que el proceso estará acompañado de consultas públicas mediante los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Escazú.

“Vamos a escucharlos, hasta el que diciente tiene derecho a opinar, vamos a escuchar al ciudadano. Esto es de los panameños, es por Panamá”, manifestó.

El ministro sostuvo que el Gobierno continuará publicando la información relacionada con las decisiones sobre el proyecto, como ocurrió con la auditoría integral y el plan de preservación y gestión segura.

Insistió en que los recursos minerales pertenecen al Estado panameño y que cualquier acuerdo deberá garantizar el respeto a la soberanía nacional.

“La mina es de Panamá, Panamá es soberano, los recursos naturales son de Panamá”, puntualizó.

Por ahora, las conversaciones comenzarán sin que se conozca públicamente el esquema de administración, las condiciones de operación o el instrumento jurídico que permitiría ejecutar la estrategia gubernamental de abrir la mina para financiar su cierre definitivo.

El pasado lunes 16 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en cadena nacional la autorización para reiniciar las conversaciones y negociaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, con el propósito de definir el futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El mandatario aclaró que esta decisión no implica la aprobación de una reapertura, sino el inicio de un proceso de diálogo para evaluar una posible operación limitada que permita financiar el cierre definitivo y ordenado del proyecto, bajo condiciones que garanticen beneficios económicos para el país, protección ambiental y respeto a la legislación panameña.

La reunión sería el próximo lunes según adelantaron voceros del gobierno.